La retirada retroactiva de las primas concedidas por España a las empresas que invirtieron en el sector de la energía renovable desató decenas de denuncias en los tribunales internacionales. La mayoría de estos procedimientos se han saldado con la victoria de las compañías afectadas, pero el gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en impagar estos laudos, situando a España a la altura de países como Venezuela o Rusia.
Sin embargo, los afectados no se han quedado de brazos cruzados y ya se han puesto a trabajar para recuperar el dinero que se les ha reconocido. Así, Libre Mercado ha informado recientemente de los distintos procedimientos de rastreo de activos que han resultado en la confiscación de la sede del Instituto Cervantes en Londres, amén del embargo de una "embajadita" económica de la Generalidad de Cataluña o una cuenta de banco del Reino de España depositada en la filial británica del Banco Santander.
Estas medidas de protección reclamadas por las empresas e inversores afectados van a tener continuidad en Australia, donde la Corte Suprema acaba de emitir un fallo en el que descarta las alegaciones presentadas por el Reino de España y abre la veda para un proceso de embargo de bienes similar al que se ha desatado en las islas británicas.
El fallo de la Corte Suprema, al que ha tenido acceso Libre Mercado, reconoce una obligación de pago de 101 millones de euros. Por lo tanto, las empresas e inversores afectados podrán invocar la incautación de edificios, participaciones empresariales o activos financieros por dicho monto. Entre las propiedades del Reino de España que pueden verse afectadas está la operativa de Navantia en Australia.