La inseguridad jurídica que está provocando la política económica socialista del gobierno de Pedro Sánchez está pasando factura a España. La inversión extranjera se ha reducido de forma drástica y los indicadores de captación de capital foráneo no muestran síntomas de mejora, al calor de continuas subidas de impuestos, una retórica institucional abiertamente anticapitalista y una campaña de acoso y derribo hacia las empresas que el Ejecutivo pone en su diana por uno u otro motivo.
En el último Índice de Derechos de Propiedad publicado por el Instituto de Estudios Económicos, España recibe una nota de apenas 7 puntos en la categoría referida al imperio de la ley. Peor aún, en la variable que mide la estabilidad política, apenas obtenemos una evaluación de 5,9 puntos. Y, por si no fuese suficiente, la calificación referida al entorno de seguridad jurídica ofrecido por nuestro país es de apenas 6,1 puntos.
La inversión extranjera refleja este deterioro. Si comparamos los niveles observados en el momento en que Sánchez llegó a la presidencia con las cifras del último cuatrimestre de 2022, encontramos que la llegada de capital foráneo a la economía española ha pasado de 20.000 a 10.000 millones de euros, una caída del 50%. Estos datos, facilitados por el propio Ministerio de Economía a través de Datainvex, ponen de manifiesto el efecto que está teniendo la política del gobierno de PSOE y Podemos.
Detrás de estos números hay casos concretos de episodios que están haciendo mucho daño a la confianza de las empresas e inversores internacionales. Quizá los dos acontecimientos más destacados son la crisis desatada por el traslado de Ferrovial a Holanda y los embargos que está sufriendo el Reino de España por los impagos del gobierno a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a la energía renovable.
Empecemos por la empresa de infraestructuras. Desde que anunció su decisión de instalarse en suelo neerlandés, el operador que preside Rafael del Pino ha sufrido un sinfín de ataques y presiones por parte del Ejecutivo, que no ha dudado en coaccionar a la compañía de forma pública. En paralelo, ha trascendido que Pedro Sánchez ha rehusado reunirse con el equipo directivo de la empresa, de modo que la campaña de presión no busca ningún tipo de acercamiento o entendimiento, sino que solamente persigue el acoso y derribo de la mercantil.
Pasemos ahora al escándalo de los impagos de las indemnizaciones pendientes por la vulneración de las condiciones ofrecidas a quienes invirtieron en el sector renovable. Como ha explicado Libre Mercado, la justicia británica ya ha reconocido estas deudas y ha puesto en marcha el embargo de numerosos bienes del Reino de España. Lo mismo ha hecho Australia, que esta misma semana ha abierto la veda para que se tomen medidas similares. Todo sucede, además, con el bochorno de saber que España es el segundo país que acumula más incumplimientos de laudos internacionales, solo por detrás de Venezuela.
Ante semejante panorama, y habida cuenta del mal desempeño macroeconómico de un país que solo recuperará el PIB de 2019 en 2024, no parece difícil entender por qué España, pese a ser un país con enorme potencial, se ha convertido en el enfermo de Europa, lastrado por una inseguridad jurídica rampante y una política económica descartada.