A pesar de que muchos sectores han aplaudido el plan del Gobierno para destinar hasta 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler social, lo cierto es que esta medida de tinte electoralista esconde una letra pequeña que ya está poniendo en pie de guerra a propietarios e inquilinos de toda España. Tal y como ha desvelado Libre Mercado, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es otorgar hasta 9.000 alquileres de precio asequible a los okupas que las habitan. No en vano, los primeros 2.000 contratos ya se han firmado.
"¿Cometen un delito y encima se les premia? Es increíble -denuncia María, vecina de un edificio de Sierrapando, en Torrelavega (Cantabria), donde la Sareb ya ha empezado a tramitar este tipo de alquileres sociales a sus vecinos okupas-. Que digan la verdad y se dejen de tonterías: lo que van a hacer es legalizar la okupación en España". De la misma opinión es Julio Ricciardello, concejal de Ciudadanos en Torrelavega y uno de los pocos políticos que ha apoyado a las víctimas. "Está claro que aquí hay un problema pero, como el Gobierno no quiere enfrentarse, a él ha optado por liquidarlo. ¿Cómo? Les doy un alquiler social y ya no son okupas, porque ya puedo decir que tienen un contrato", denuncia.
Aunque hasta ahora no se le ha dado mucha publicidad, la realidad es que el llamado banco malo ya lleva tiempo ofreciendo a los okupas con indicios de vulnerabilidad este tipo de programas, que también incluyen la búsqueda de empleo. El problema es que, como denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación, existe una gran arbitrariedad a la hora de conceder esos informes de vulnerabilidad que, además, no tienen en cuenta que muchos de ellos trabajan en b.
"Es tremendamente injusto, porque esta gente, que está cometiendo un delito, que a nadie se le olvide, está quitándole esos alquileres sociales a familias que probablemente lo necesitan más que ellos, que cumplen las normas religiosamente y que no ocasionan los graves problemas de convivencia que generan los okupas", dice Ricciardiello.
11 años de pesadilla
El caso de Sierrapando es un caso paradigmático donde los haya: okupas que llevan "11 años viviendo por la cara" y que se han encargado de hacer la vida imposible a sus vecinos a base de "amenazas, peleas y destrozos" acaban de ser premiados con un alquiler social que no llega ni a la mitad de lo que una vivienda de similares características cuesta en esa zona. Y todo mientras vecinos con menos recursos que ellos siguen pagando su renta a precio de mercado y otros, propietarios que evitan dar la cara públicamente para no complicarse más la vida, han tenido que huir de allí para poder criar a sus hijos en paz mientras siguen pagando la hipoteca de un piso que ya nadie quiere comprar.
La historia se remonta al año 2009, cuando un grupo de familias decidió depositar todos sus ahorros e ilusiones en un edificio de obra nueva que, en total, costaba de 31 viviendas. "Era la época del boom inmobiliario, así que las pagamos a precio de oro", relata María, que explica que , sin embargo, 16 de ellas se quedaron sin vender y terminaron siendo okupadas por un grupo de personas que aseguraba habérselas comprado por un precio irrisorio a un testaferro del constructor.
La Justicia acabó demostrando que aquello era falso, pero para entonces los okupas ya se habían hecho con todas las zonas comunes del bloque. Pronto empezaron a utilizar la lonja y los garajes como almacén para guardar mercancía con la que luego comerciaban: desde melones hasta ruedas o lavadoras. Aunque lo peor ni siquiera era eso. "Lo robaban todo: bombas de achique, extintores… Y si dejabas dentro el coche te lo rayaban, así que yo tengo una plaza de garaje y llevo 11 años sin usarla por miedo", reconoce María, que asegura que hace dos decidieron poner unas puertas antiokupas y cerrar los garajes a cal y canto por seguridad. Lo mismo han terminado haciendo con los ascensores: "Yo he tenido un niño pequeño y subía y bajaba con él a cuestas".
Los alquileres sociales de la Sareb
Cuando la Sareb se hizo con la titularidad de los inmuebles, pensaron que su pesadilla se había acabado. Sin embargo, lo peor aun estaba por llegar. El decreto antidesahucios aprobado y prorrogado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia del coronavirus fue retrasando el desalojo de los okupas, que pronto consiguieron el ansiado informe de vulnerabilidad que les serviría para evitar que les echaran. Los vecinos no daban crédito. Sabían perfectamente que muchos de ellos no cumplían los requisitos, así que incluso amenazaron al alcalde con denunciarle por prevaricación. Finalmente, solo se lo concedieron a dos, por lo que el resto tenían que ser desalojados.
"Curiosamente, sin embargo, cuatro días antes de que les echaran, la Sareb paralizó todo y les ofreció contratos de alquiler social. Al principio, a todos, pero al empezar a hacer ruido la cifra se redujo a seis", denuncia esta vecina que asegura que, en cualquier caso, no todos son vulnerables: "Es más, hay una persona que está de segundas, ni siquiera es de los que estaban aquí desde el principio. Es un chico de 23 años, sin hijos y sin cargas de ningún tipo. Y le han dado un contrato social".
Además, los vecinos advierten de que los okupas se saltan fácilmente las cláusulas que impiden ofrecer estos alquileres a personas con informes de criminalidad: "Esa gente no va a firmar, pero da igual, porque lo ponen a nombre de la hija o de cualquiera que venga de nuevas y listo, porque como tampoco les exigen que lleven viviendo aquí un tiempo… Y si no, mira al chico éste de 23 años que se jacta de reírse de nosotros a la cara". Y lo que más les preocupa es que de ahora en adelante la convivencia puede ir a peor: "Si ya actuaban como si todo fuera suyo, imagínate ahora que cuentan con un contrato social".
Propietarios desesperados y arruinados
No es fácil describir su desesperación con palabras, pero el relato de María da buena cuenta de cómo se sienten: "Nosotros no compramos una vivienda social, pagamos una vivienda a precio de oro, y mira en qué se ha convertido. Y si fueran buena gente… Pero no es así y encima tienes que ver como se les premia, mientras algunos propietarios se han visto obligados a irse y tienen que hacer verdaderos esfuerzos para pagarse un alquiler más la hipoteca que todavía les queda de aquí. Y no somos millonarios, muchos somos mileuristas, y hay gente que incluso está teniendo que buscar un segundo trabajo para poder hacer frente a todo".
Entre los que se han visto obligados a hacer las maletas se encuentra Antonio. Al tener un niño pequeño, él y su mujer decidieron que lo mejor era irse de allí. Sin embargo, no esconde la rabia que le produce una situación que, según dice, no solo es culpa de la Sareb, sino "también de las corporaciones municipales y de algunos gobiernos regionales". En su caso, la gota que colmó el vaso fueron las amenazas de muerte por parte de los okupas: "Vivir algo así es terrible, pero tener que aguantar que encima se les premie, más todavía".
La "tremenda injusticia" promovida por Sánchez
El que tampoco lo concibe es Julio Ricciardiello, concejal de Ciudadanos en Torrelavega. El edil no entiende cómo es posible que los alcaldes y el mismísimo Gobierno de España no vean el peligro y la injusticia de dar un alquiler social a esta gente. "Porque no estamos hablando de un pobre hombre o una pobre mujer que no tiene donde quedarse y no le queda otra que meterse donde sea. Esto son auténticas mafias organizadas – advierte- ¿Y por qué esta gente tiene más derecho a conseguir esta vivienda social que alguien que paga todos los impuestos, que trabaja, que cumple las normas y que está integrado en el tejido social que tenemos en cada una de nuestras ciudades? Eso es lo que tiene que explicar el Gobierno, porque es una tremenda injusticia".
Su indignación es tal, que no duda en trasladar a Pedro Sánchez y sus ministros la misma invitación que ya le ha hecho a sus compañeros de corporación: "Si ustedes no ven los problemas que ven todos estos vecinos, lo tienen fácil: llévenselos a sus casas o sus segundas residencias y disfruten de ello, pero lo que no hay derecho es a hacer lo que están haciendo a gente que lleva años pagando religiosamente y a los que les están dejando totalmente abandonados sin reconocer siquiera que las víctimas son ellos".