Al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se le han abierto numerosos frentes que están poniendo en evidencia su fracaso en la gestión de buena parte de las áreas de las que es responsable.
El último fuego que ha tenido que apagar Escrivá es la amenaza de la primera huelga en la historia de la Seguridad Social. Comisiones Obreras (CCOO) y el sindicato de funcionarios CSIF convocaron la semana pasada diferentes movilizaciones que culminarían en una huelga "para denunciar la falta de efectivos, el retraso en la gestión de las prestaciones y el incumplimiento general de los acuerdos de personal" de este organismo.
Esta rebelión de los sindicatos contra Escrivá se produjo justo después de que el socialista protagonizara una sonada polémica en el Congreso de los Diputados. En medio de un monumental enfado, el ministro calificó de "bulo" el hecho de que haya que pedir cita previa para ser atendido en la Seguridad Social. "Han estado ustedes mintiendo y diciendo que a la Seguridad Social había que ir con cita previa. No es verdad. Al 25% de las personas se las atiende directamente. Y hay gente que les ha creído" aseguraba Escrivá.
El "bulo" de Escrivá y la huelga desconvocada
Sin embargo, no hay más que acudir a la web de la Seguridad Social para comprobar que el que mintió fue precisamente el propio ministro. Tal y como indican claramente en el portal de este organismo, "la atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita". También hay carteles en las oficinas que advierten de la necesidad de pedir esa cita, una evidencia que ha hundido todavía más el prestigio del ministro.
Ayer martes, los sindicatos decidieron desconvocar la huelga después de que Escrivá se haya comprometido a contratar a otros 3.525 funcionarios más y un día de teletrabajo a la semana. ¿Servirá eso para mejorar la atención al ciudadano? Como ya ha publicado Libre Mercado, el sistema de atención al ciudadano de la Seguridad Social ha colapsado y realizar cualquier tipo de trámite con este organismo se ha convertido en un auténtico calvario para el ciudadano de a pie. A pesar de que España cerró el el año 2022 con el mayor número de funcionarios de la historia de nuestro país (3.526.200 millones de personas), los sindicatos piden más personal.
Golpe al trabajador y premio al pensionista
Otra de las batallas de Escrivá es que ha aprobado una reforma de las pensiones que no contempla una sola disminución del gasto para reducir el agujero del Estado y sólo se decanta por subir los impuestos. Este plan ha sido duramente criticado por todo tipo de organismos y casas de análisis, que alertan de que condenará a nuestro país a tener todavía más difícil la tarea de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.
En concreto, la reforma de Escrivá contempla tres estocadas a las cotizaciones sociales en los próximos años que, aunque harán que el Estado se quede con alrededor del 50% de lo que generan los salarios a partir de 20.000 euros, no serán capaces de sufragar el aumento del gasto del sistema que plantea el ministro. Y todo ello, a pesar de que el ministerio que dirige Escrivá cerró el año 2022 con una subida de los ingresos por cotizaciones sociales que ha alcanzado los 140.282 millones de euros, un "máximo histórico" que el Gobierno no ha dudado en celebrar.
Sin embargo, la revalorización de las pensiones al IPC (sobre todo), el incremento todavía mayor de las pensiones mínimas o el refuerzo del "complemento de género" dispararán el gasto del sistema. Solo en 2023, el coste de la revalorización al 8,5% de las pensiones será de 13.600 millones de euros y si le añadimos la subida del 15% de las no contributivas y del IMV, esta cifra asciende a 14.500 millones.
Tampoco hay que olvidar que el ministro ha estrenado este año también la reforma del régimen de cotización de los autónomos que supondrá que los trabajadores por cuenta propia que ingresen más de 1.700 euros al mes pagarán más que ahora y los que ingresen menos, se quedarán igual o pagarán menos.
Pero esto no es todo. También el 1 de enero de este año el Gobierno ha elevado un 0,6% las cotizaciones de todos los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social (ya sean autónomos, independientemente de lo que ganen, o empleados) para recaudar casi 3.000 millones de euros al año a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Lo que recaude este mecanismo irá destinado a la hucha de las pensiones, con la que el Ejecutivo que pretende afrontar la oleada de jubilaciones de los baby boomers. Sin embargo, no será suficiente.
Y es que, a cierre del mes de febrero el endeudamiento de la Seguridad Social se situó en la friolera de los 106.169 millones de euros, un 7% más que un año antes. Si comparamos la cifra actual con los 55.024 millones de 2019 (el primer ejercicio completo de PSOE y Podemos en el Gobierno) vemos que la cifra se ha duplicado.