El Gobierno de Pedro Sánchez se anotó ayer martes dos récords económicos nada positivos: tanto la deuda del conjunto de las administraciones públicas como la de la Seguridad Social alcanzaron máximos en noviembre. Nunca antes en la historia de nuestro país los pasivos de la Seguridad Social habían superado la friolera de los 100.000 millones de euros. Para ser exactos, este montante se situó en 106.176 millones de euros en noviembre, un 13% más que hace un año.
Como se observa en la siguiente tabla del Banco de España, con el paso de los años, el agujero de las cuentas del sistema de Seguridad Social se ha agrandado tanto, que se ha multiplicado por cuatro desde los 27.393 millones en los que estaba en 2017. Si comparamos la cifra actual con los 55.024 millones de 2019 (el primer ejercicio completo de Sánchez en el Gobierno) vemos que la cifra se ha duplicado.
Otra estrategia contable, pero el mismo problema
Como ya hemos explicado en Libre Mercado en numerosas ocasiones, la razón fundamental de este desboque de la deuda de la Seguridad Social se debe a que, como la polémica "hucha" de las pensiones está casi agotada (desde los 65.000 millones que llegó a atesorar con Zapatero), el Estado se ve obligado a hacerle cada vez más préstamos a la Seguridad Social para poder pagar la pensiones. Es decir, se está siguiendo otra estrategia contable, pero el problema es el mismo. Estos préstamos nunca serán devueltos, primero, porque lo que está haciendo el Estado es prestarse dinero a sí mismo y, segundo, porque los números del sistema son cada vez más rojos.
Aunque el Gobierno, con José Luis Escrivá a la cabeza, presume de que los ingresos por cotizaciones sociales están en máximos históricos (algo lógico teniendo en cuenta que los salarios han subido y la cuantía de impuestos que pagan por ellos), lo que prefiere ignorar es que el total de gastos de la Seguridad Social es todavía mayor (hay cada vez más pensionistas que cobran más). Esta realidad genera un descuadre en el sistema que solo podrá costearse con más impuestos, con más deuda o recortando las prestaciones. No hay más alternativas si los políticos se siguen negando a introducir elementos de ahorro privado en la fórmula.
Golpe al futuro jubilado y prebendas al actual
¿Y qué camino ha tomado el Gobierno para abordar el problema? En estos momentos Escrivá tiene encima de la mesa una nueva ampliación del período de cálculo de las pensiones que consistiría en elevarlo de 25 a 30 años, lo que supondría un recorte por la puerta de atrás a los futuros jubilados. Cabe recordar que fue Zapatero el que elevó el periodo de cálculo de la pensión desde los últimos 15 años hasta los 25 años actuales.
Además, el ministro del ramo también quiere incrementar la base máxima de cotización golpeando a los trabajadores de rentas altas y ha introducido el uno de enero un incremento del 0,6% en las cotizaciones sociales que paga cada trabajador, independientemente de su nivel salarial. De ese 0,6% el trabajador pagará un 0,1% y la empresa el 0,5% restante.
Así, el plan de Escrivá es asestar el mazazo a los actuales trabajadores y futuros jubilados, mientras otorga prebendas a los jubilados actuales, que verán elevada su pensión al IPC este año (8,5%). Con esta estrategia, el Gobierno se congracia con un colectivo que aglutina a más de 9 millones de votantes, que son los actuales jubilados, y a su vez, detrae recursos de los jubilados futuros.
Por el lado de la deuda del conjunto de las administraciones públicas (que incluye la de la Seguridad Social ), el pasivo total del Estado subió en noviembre hasta el máximo histórico de 1,506 billones de euros. Ya hace dos meses el Gobierno rompió la onerosa barrera del billón y medio de euros de endeudamiento y ahora la ha superado un poco más.