Intervenir el mercado de la vivienda es una de las banderas más exhibidas tradicionalmente por la izquierda. No hay mitin o programa electoral que se precie que no contenga un sinfín de propuestas para regular precios, aplicar nuevos impuestos o poner trabas a los inversores participantes en el sector.
En la antesala de las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante "la primera Ley de Vivienda en la historia de España" gracias a los votos de ERC y Bildu. Esta normativa, que el Ejecutivo llevaba más de un año intentando aprobar, contempla limitar los precios de los alquileres en las llamadas "áreas tensionadas", plantea una subida del IRPF a los caseros y llega hasta a favorecer la okupación, entre otros asuntos que acorralan todavía más a la propiedad privada.
Sin embargo, todo parece indicar que los gobiernos autonómicos tendrán cierto margen de maniobra a la hora de aplicar o no el texto estatal debido a que las competencias están transferidas. Tal y como ya advirtió hace más de un año el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la "intervención estatal en materia de vivienda tiene que ser la mínima imprescindible", pero la ley de Sánchez "expropia" competencias a las comunidades, lo que podría desatar una importante batalla judicial entre autonomías y Gobierno central por su puesta en marcha.
En el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha advertido a Sánchez que no aplicará la normativa en su territorio "donde no sea obligatorio" y que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. Por esta razón, resulta imprescindible repasar los programas electorales autonómicos de Podemos, Más Madrid y PSOE en materia de vivienda en este territorio. Muchas de estas ideas son más agresivas con el propietario que el propio texto estatal.
Podemos: expropiar y coto a las segundas residencias
El "programa marco" de Podemos es el más radical de los tres en materia de vivienda, ya que habla abiertamente de expropiar inmuebles "pagando un justiprecio automático". También pone en la diana a las segundas residencias.
- Vivienda pública: "puesta en marcha de un parque público de vivienda de alquiler social que dé cobertura suficiente a todas las familias y personas de ingresos más bajos" aunque no aporta ninguna cifra de cuántas casas podría sacar al mercado. "El objetivo debe ser que los núcleos familiares del país con ingresos más modestos puedan tener acceso a vivienda pública de alquiler social si lo necesitan, entendiendo por ello que el precio del alquiler más el de los suministros básicos no supera el 30 % de los ingresos del núcleo familiar, y dando prioridad a los y las jóvenes y a las personas en situación de sinhogarismo o que residen en infraviviendas" se limitan a decir.
- Impuestazo en el IBI: "recargos del IBI para viviendas vacías, de carácter progresivo, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas; y creación de un impuesto para las viviendas vacías. Para las viviendas que sus propietarios no utilicen, en cualquier caso a partir de la quinta vivienda (incluida). El nuevo impuesto se empezaría a cobrar a partir de los seis meses en que la vivienda se encuentre inhabitada y sería de 10 euros / m2 / año, con un aumento del 50% para las viviendas a partir de la décima y con otro aumento del 50% a partir de los dos años en que esté inhabitada cada vivienda".
- Expropiación: en los casos anteriores "existirá la posibilidad de que la Administración pague el justiprecio de forma automática y adquiera la vivienda si está inhabitada durante más de cuatro años. Evidentemente, esto incluye todas las viviendas que son propiedad de entidades bancarias y de fondos buitre".
- Lista de viviendas vacías: "puesta en marcha del registro público de viviendas vacías con el objetivo de conformar un inventario informatizado que reúna toda la información relativa a las viviendas deshabitadas que son propiedad de los grandes tenedores" sin mencionar un objetivo concreto.
- Impuesto al flipping: "cuando una vivienda se venda antes de que hayan transcurrido dos años desde su adquisición, a menos que exista una razón de fuerza mayor para la venta, se cargará al vendedor un impuesto igual al 20% del precio de compraventa".
- Vivienda protegida: "en las planificaciones urbanísticas y en las grandes reformas en el entorno urbano se reservarán al menos un 30% de las viviendas previstas, que se corresponderán con al menos un 30% de la superficie dedicada a tal fin, para viviendas de alquiler social".
- Construcción modular "para ahorrar tiempo y dinero. La promoción convencional tarda, como mínimo, cuatro años entre el inicio del proceso y el libramiento de llaves. Con este tipo de construcciones se puede reducir el coste de construcción en un 50% y en tiempo, en un 30%".
- Comprar al sector privado: "puesta en marcha, a través de las leyes autonómicas de patrimonio, de la posibilidad de adquisición directa de viviendas en el mercado privado por motivos de urgencia y necesidad".
- Sareb: "Inicio de procesos de negociación con la Sareb para la adquisición o posible transferencia de inmuebles a las comunidades autónomas".
- Vivienda protegida: "marco legal necesario para que la calificación de las viviendas protegidas sea de carácter indefinido".
- Límite de precios a los alquileres y contratos indefinidos: "se identificarán las zonas en las que el mercado de alquiler de vivienda esté especialmente tensionado por la subida de precios o por la falta de oferta. Se establecerán limitaciones de precios para evitar que en cada zona urbana, y con carácter general las viviendas en alquiler de dimensión adecuada para cada tamaño de unidad familiar, no superen el 30 % de los ingresos medios de la zona. Se promocionará también el contrato indefinido de alquiler, según el cual el arrendador no podrá rescindirlo a menos que necesite la vivienda de forma justificada o se produzca una situación de impago".
- Prohibición de los desahucios y carga para el propietario: "en ningún caso se permitirán los desahucios de primera vivienda de personas vulnerables sin alternativa habitacional. En caso de que no se disponga de vivienda pública, se podrá abonar al arrendador la renta total o parcialmente (en función de las circunstancias de la persona vulnerable), una solución que deberá aceptar obligatoriamente si se trata de un gran tenedor; y, en última instancia, la Administración competente podrá abonar, total o parcialmente, el arrendamiento de otra vivienda para la persona vulnerable".
- Mensaje a Desokupa: "tipificación y regulación de la definición de acoso inmobiliario como toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarla en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generando un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante; especialmente si dicha acción u omisión se realiza con objeto de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada". Este punto se refiere a la intención del partido de ilegalizar empresas como Desokupa.
- Creación de inmobiliarias públicas: "estas entidades públicas tendrán como finalidad proporcionar alquileres más asequibles a la ciudadanía. La clave, en definitiva, es que las inmobiliarias privadas sirven para aumentar artificialmente los precios y eso se puede contrarrestar con un gran operador público en el sector".
- Limitación de pisos turísticos, plazas hoteleras y segundas residencias: "el número máximo de alojamientos turísticos por distrito a un porcentaje razonable del total de viviendas para evitar la subida de precios, la masificación y la gentrificación. Aumento del personal de los servicios de inspección de viviendas para poder sancionar de forma más eficiente a los propietarios de los pisos turísticos ilegales o que incumplan las normas de homologación. Limitación de las plazas hoteleras a un máximo del 5% del total de viviendas en cada barrio de las grandes ciudades o en el conjunto de las ciudades pequeñas y medianas. Proteger la vivienda sancionando pisos turísticos ilegales, reduciendo segundas residencias y otros usos. Modificar la legislación autonómica para proteger y promocionar la vivienda principal en las zonas con alta carga turística para favorecer que las viviendas se utilicen como hogares (con vecinos empadronados) y para impedir la proliferación de segundas residencias de viviendas vacías o usos terciarios".
- Planes de rehabilitación "para familias de bajos ingresos en barrios y edificios vulnerables, en los cuales la Administración cubrirá el 100% de la obra".
Más Madrid quiere comprar casas a los ancianos
La formación de Mónica García innova en materia de vivienda con medidas como la de comprar pisos a los ancianos con dinero público, varios impuestazos a las "viviendas vacías", la creación de "asociaciones beneficio limitado" y las oficinas de apoyo a los caseros que ponen los precios que manda la Administración.
- Más gasto: "compra pública de 10.000 viviendas para aumentar el parque público de vivienda", aunque no dice a quién comprará esos pisos. También quieren "aumentar el presupuesto regional de vivienda al 4%. Actualmente el presupuesto destinado a las políticas de vivienda es muy bajo y no llega ni al 1%".
- Comprar vivienda a los ancianos: "la Comunidad de Madrid comprará la nuda propiedad de viviendas donde residen personas mayores que buscan contar con liquidez para financiar los cuidados que reciban en su propio domicilio. Esto permite que todas las personas propietarias de su vivienda puedan, hasta el momento que lo decidan, seguir viviendo en ella contando con los recursos económicos que necesiten. Esa vivienda, una vez pase a formar parte del parque público de vivienda, ayuda a impulsar una dinámica virtuosa, ya que las rentas obtenidas de los inquilinos/as que vivan en ellas se utilizarán para seguir invirtiendo en ampliar el parque de vivienda pública".
- Asociaciones con "beneficio limitado": crearán "asociaciones con beneficio limitado" que lancen "una oferta de vivienda asequible a precios regulados para amplias capas de la población. Las entidades reciben un certificado de promotor social y, a cambio de proveer vivienda asequible, la administración ayuda con la financiación a través de préstamos a bajo interés, suelo, apoyo técnico y asesoramiento para garantizar que se cubren los costes de inversiones y gastos operativos. Estas asociaciones de beneficio limitado están obligadas a reinvertir los beneficios en seguir aumentando la oferta de vivienda asequible y en el mantenimiento de los inmuebles. Impulsaremos en la primera legislatura 8.000 viviendas asequibles y de calidad a precios de alquiler de entre 300 y 600 euros".
- Cesión temporal de inmuebles de particulares: "propondremos a pequeños propietarios llegar a un acuerdo con las administraciones públicas donde, a cambio realizar la rehabilitación energética de la vivienda vacía y a recibir una parte de la renta, se ceda temporalmente el uso de esta para destinarla al alquiler a un precio regulado".
- "Tranquiler", pero sólo al propietario que alquile al precio que establece el Gobierno de Mónica García: "Ofreceremos a los/las pequeños/as propietarios/as la posibilidad de acogerse a un servicio que ofrece la administración para alquilar su vivienda. Este servicio incluye todas las facilidades, desde la búsqueda de inquilinos hasta la garantía en el pago de la renta mensual, pasando por los arreglos de los desperfectos, así como todas las gestiones administrativas. A cambio de ofrecer este servicio la administración, alquila el inmueble a un precio regulado".
- Oficina de Ayuda al Inquilino: "modificaremos la Oficina de la vivienda de la Comunidad de Madrid, para que preste servicios a personas arrendatarias de vivienda protegida, social y privada. Una oficina destinada a ofrecer ayuda inmediata, también a los arrendadores, para resolver problemas de cualquier tipo relacionados con la vivienda, como obtener información sobre contratos, ofrecer asesoramiento y soporte, o resolver dudas sobre las cláusulas, normativa o factura".
- Unidad Antidesahucios: "pondremos en marcha una unidad similar a la que existe en Barcelona, con el objetivo de paralizar desahucios".
- Creación de un Observatorio de la vivienda que "elaborará un censo de viviendas vacías, composición del mercado del alquiler etc".
- Regulación de las viviendas de uso turístico.
- Blindar la vivienda protegida. "prohibiremos por ley la venta de vivienda pública protegida y convertiremos en perpetua la calificación de la vivienda protegida".
- Varios impuestazos: "impulsaremos un paquete de medidas para desincentivar las operaciones que tienen por objetivo inflar los precios de la vivienda. Consta de tres partes 1) Un impuesto que grave a propietarios cuyas viviendas lleven más de dos años vacías. 2) La creación de un nuevo impuesto para las entidades jurídicas que compren vivienda y vendan o alquilen por encima del precio de referencia del INE durante los primeros cuatro años. 3) Un recargo en el IRPF para las personas físicas que compren vivienda y vendan o alquilen por encima del precio de referencia del INE durante los primeros cuatro años. Quedarían excluidas de la medida los cambios de domicilio en la vivienda habitual, el alquiler o venta a familiares cercanos o se reciba como herencia".
El PSOE apuesta por las subvenciones
Juan Lobato es el que menos espacio dedica a la vivienda en su programa electoral. Entre las medidas del socialista no se encuentra subir los impuestos, pero tampoco plantea propuestas para proteger al propietario. Lobato tampoco habla de los desahucios y apuesta todo a las subvenciones y al gasto público.
- 300 euros: plantea una subvención de 300 euros al mes para el alquiler a "60.000 hogares madrileños al año" con ingresos de hasta 35.000 euros al año (dependiendo de los miembros del hogar). Tendrá un coste de 216 millones de euros al año mientras "se promueve el necesario Parque de Vivienda Pública de Alquiler".
- Aumentar el bono alquiler en 100 euros.
- No se descalificarán las viviendas protegidas.
- Vivienda Social: tener un parque de vivienda social en la Comunidad de Madrid de 270.000 viviendas.
- Bonificación del 100% del AJD para la adquisición de vivienda habitual por jóvenes de 18 a 35 años siempre que el inmueble sea igual o inferior a 250.000 euros.
- Agente rehabilitador: "es necesario comunicar la información de importancia de la rehabilitación alcanzando a toda la ciudadanía, especialmente a los barrios más antiguos y a las familias vulnerables".