El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como la Plusvalía Municipal, eleva el coste fiscal de heredar una propiedad en España por encima de lo que ya hace el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este tipo de situaciones acarrean anualmente un pago medio de 600 millones.
Los ingresos generados por la Plusvalía Municipal se dispararon en pleno hundimiento del precio de los activos inmobiliarios de los españoles. De 2010 a 2015, con el ladrillo cayendo en picado, los pagos asociados a este tributo subieron de 1.263 a 2.417 millones de euros.
¿Cómo se explica semejante desarrollo? Sobre el papel, el tributo se aplica sobre la diferencia de valor en los precios de compra y venta de los inmuebles. Sin embargo, como las corporaciones locales determinaban estos costes a partir del catastro, y como dicho sistema nunca reflejó la caída de precios de los bienes inmobiliarios para así blindar la recaudación tributaria, los pagos asociados al impuesto fueron a más a espaldas de la realidad del mercado.
Este método de cálculo fue anulado entre 2019 y 2021 por el Tribunal Constitucional. Esta decisión puso fin a un largo proceso legal mediante el cual los contribuyentes hicieron valer el hecho de que no puede hablarse de incremento de valor cuando, con arreglo a los pagos realizados, el activo en cuestión se ha depreciado. Ante esta circunstancia, el gobierno de España aprobó una serie de modificaciones legales que alteraron el método de cálculo del IIVTNU y resultaron en una fuerte caída de la recaudación.
Así, en 2022 se estima que la recaudación municipal derivada del pago de la Plusvalía Municipal se situó en el entorno de los 1.306 millones de euros. Sería la cifra más baja desde 2012, cuando los caudales generados por el gravamen se quedaron en 1.288 millones, y se trataría de un descenso cercano al 50% en relación con el pico de 2015, cuando el IIVTNU generó 2.591 millones.
Ahora que se acercan las elecciones municipales, el reglamento del impuesto vuelve a estar cuestionado, pero esta vez a raíz de las propuestas de distintas formaciones que concurren a los comicios locales con la voluntad de bonificar el pago de dicho tributo en aquellos supuestos en los que la vivienda sea transferida con motivo de un fallecimiento que de pie a una herencia.
En Madrid, por ejemplo, este reclamo empezó a cobrar fuerza entre 2015 y 2019, cuando el entonces concejal del PP y ahora director de Madrid Nuevo Norte, José Luis Moreno, reivindicó la necesidad de ofrecer a los contribuyentes de la Villa y Corte un trato similar al del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Tras su llegada a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida introdujo las primeras bonificaciones, que van del 40% al 95%. En estas elecciones, tanto Vox como Ciudadanos comparten la propuesta de avanzar hacia la generalización del descuento del 95%. Por tanto, parece haber consenso entre los distintos partidos de centro-derecha a la hora de repudiar el cobro del IIVTNU en casos de herencia.
En efecto, la ley nacional permite bonificar "hasta el 95% estos pagos, puesto que los consistorios tienen la posibilidad de reducir la cuota del impuesto para las transmisiones "entre cónyuges o a favor de los hijos". Hablamos, pues, de la posibilidad de lograr un ahorro fiscal medio de más de 3.000 euros por herencia, en el caso de los pisos ubicados en Madrid y valorados en más de 150.000 euros por el catastro, pero serán las urnas y los acuerdos de gobierno postelectorales los que determinen si, finalmente, se produce esta mejora. Asimismo, habrá que tomar en cuenta cuál es la reacción del gobierno de España, que ha criticado en los últimos años las rebajas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid y también ha cargado contra la mejora de la tributación de las herencias que han implantado PP, Cs y Vox en distintas regiones.