Pedro Sánchez insiste en hablar de la Operación Campamento como una de sus propuestas estrella en materia de vivienda. Sin embargo, la inacción del Ejecutivo entre los años 2019 y 2023 ha hecho que, incluso si el gobierno se toma en serio el reto de desbloquear dicha iniciativa, será preciso esperar a 2035 para que dicha zona de Madrid de la bienvenida a sus nuevos vecinos.
De la Operación Campamento se habló por primera vez a finales de los 80 y comienzos de los 90. Desde entonces, distintos gobiernos locales y promotoras privadas han intentado sacar adelante este desarrollo, pero la titularidad de los terrenos, que depende del Ministerio de Defensa, se ha convertido en un escollo político aparentemente insalvable.
Ahora que la vivienda no para de encarecerse en las zonas de mayor dinamismo económico y el gobierno de Sánchez empieza a reconocer que hay un problema de falta de oferta, la Operación Campamento vuelve a estar en la conversación. Sin embargo, desde el gobierno de la ciudad de Madrid advierten de que llevar a la práctica esta transformación urbanística requerirá al menos diez años de papeleo.
Para materializar la puesta en marcha de la Operación Campamento, lo primero ha sido clarificar las distintas operaciones de compra-venta que permiten centralizar la propiedad de los terrenos en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y reemplazar como titular al Ministerio de Defensa. El Consejo de Ministros ha autorizado la transacción y Hacienda ha desbloqueado el dinero con el que el MITMA procederá abonar a Defensa alrededor de 250 millones. Después, el Consejo de Ministros tendrá que poner en marcha el proceso de redacción del proyecto y licitación de las obras de urbanización, cuyo coste se estima en el entorno de los 300 millones.
En paralelo, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deberán acometer una serie de modificaciones legislativas que autoricen los desarrollos de vivienda. Por descontado, todo ello vendría seguido de la tramitación específica de las licencias de construcción y de los tiempos propios del proceso de levantamiento de las viviendas. La colaboración público-privada será esencial, puesto que de realizarse un proyecto 100% manejado por las Administraciones los tiempos serían aún mayores, de modo que todo apunta a que se elegirá un modelo de desarrollo privado condicionado a la reserva de un determinado número de vivienda protegida.
Sobre el papel, la Operación Campamento puede sacar al mercado alrededor de 10.700 viviendas. Originalmente, los promotores de la iniciativa hablaban de llegar a 20.000 pisos, mientras que los modelos recientes rebajaron esta cifra al entorno de las 15.000 residencias. En la medida en que la cifra final sea más baja, el problema de oferta se verá aminorado con menor intensidad, con lo que ello supone en términos de acceso a la vivienda.
No hay que olvidar, por otro lado, que algunas de las transformaciones vinculadas al desarrollo del nuevo barrio incluirían el soterramiento de la A-5, la ampliación del bosque metropolitano y otras actuaciones en materia de infraestructuras, dotaciones y zonas verdes. Todo esto también requiere papeleo e informes varios, de modo que los tiempos de espera de la burocracia urbanística condenan a la Operación Campamento a una década de demora, incluso en el caso de que el Ayuntamiento, la Comunidad y el gobierno de España estén, al fin, alineados.
Estos tiempos, sin duda aberrantes, no son atípicos. De hecho, son la norma en los procesos urbanísticos de nuestro país, donde desarrollar obra nueva supone, en promedio, esperas de entre 10 y 12 años. Libre Mercado ya ha explicado anteriormente que España es el país europeo con mayor escasez de vivienda. A consecuencia de estos plazos a todas luces inviables, y debido al continuo intervencionismo que sufre el mercado inmobiliario, los pisos disponibles en el mercado del alquiler se han reducido hasta un 30% desde 2019.