El pasado mes de marzo, ante las continuas quejas ciudadanas por el atasco burocrático del Ministerio de Seguridad Social, la fundación Civio puso en marcha un proceso de investigación con el que pretendía estimar cuánto tiempo es necesario para conseguir una cita de atención presencial en las oficinas de esta instancia de la Administración.
Durante dos semanas, un robot fue programado para hacer tres llamadas diarias al teléfono de información ofrecido a la ciudadanía por el ministerio que dirige José Luis Escrivá. Las conclusiones del experimento fueron demoledoras. De entrada, en 43 de las 414 oficinas abiertas no fue posible tramitar ningún tipo de reunión. Además, en ese escaso 10% de casos en los que sí era posible reservar algún tipo de cita, el plazo de demora medio no es, en ningún caso, inferior a las dos semanas.
Ante este bochornoso resultado de su gestión, el ministro del ramo reaccionó de manera furibunda y compareció muy enfadado en el Congreso de los Diputados para negar la mayor, acusar a la oposición de difundir "bulos monumentales y absolutos" y "mentiras" que "perjudican a los ciudadanos". Para Escrivá, estas críticas "no son más que una vergüenza" y carecen de fundamento.
Huelga decir que, más allá de las malas formas del ministro, el atasco burocrático sigue en pie. El pasado año 2022 aumentó más de un 70% el número de quejas ciudadanas referidas a los servicios prestados por la Seguridad Social. Este malestar es compartido por los sindicatos, que han emitido distintos comunicados lamentando la situación actual y denunciando la falta de personal y otros desórdenes.
Los ‘cuellos de botella’ de Ribera
No está mucho mejor la situación en el Ministerio de Transición Ecológica. De acuerdo con el último informe publicado por Foro Regulación Inteligente, la tramitación media de los proyectos de energías renovables que el gobierno de Pedro Sánchez quiere potenciar se está extendiendo hasta los cinco años de demora. La concatenación de hasta cinco permisos burocráticos está generando esta circunstancia.
Así, los inversores que dan por buena la retórica "verde" del gobierno se enfrentan después con (1) la presentación y admisión de una autorización previa, que exige de 3 a 6 meses de espera, (2) la obtención de una declaración de impacto ambiental favorable, que supone de 27 a 31 meses de parón, (3) la obtención de la autorización administrativa, que se retrasa de 30 a 34 meses, (4) los permisos para la construcción de las instalaciones, que van de 33 a 37 meses, y (5) la licencia definitiva de explotación, que se logra tras un lustro de papeleo.
De ahí vienen los incontables "cuellos de botella" que están acumulándose en los procesos del Ministerio de Transición Ecológica, uno de los entes de la Administración que más inseguridad jurídica está generando en los últimos años, a raíz de este tipo de obstáculos burocráticos y de los impagos a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
Incluso en aquellos casos en los que los expedientes se resuelven de forma favorable, los ayuntamientos juegan otro papel en el proceso y pueden terminar denegando los permisos. El documento de Foro Regulación Inteligente cita el caso de una localidad vallisoletana, Renedo de Esgueva, donde se ha bloqueado un proyecto millonario que cuenta con todos los papeles en regla porque la corporación municipal se niega a conceder la licencia definitiva para la instalación. Un episodio más de la inseguridad jurídica que enfrentan las empresas que operan en España y que, sumado a la burocracia del gobierno central, genera una pinza letal para la inversión.