España firmó en 1994 el Tratado de la Carta de la Energía. El gobierno de Pedro Sánchez quiere abandonar dicho acuerdo y ha manifestado que su sistema de gobernanza impide el desarrollo efectivo de la "transición ecológica" que abandera el Ejecutivo. Sin embargo, a nadie escapa que el verdadero motivo por el que Sánchez quiere romper dicho acuerdo es su voluntad de eludir el pago de las indemnizaciones pendientes a los inversores que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
Bajo gobierno de Rodríguez Zapatero, España ofreció una remuneración muy atractiva a los operadores que desplegaron su capital en dicho mercado. Sin embargo, el presidente socialista cambió las reglas de juego adoptando distintos cambios fiscales y regulatorios. Su sucesor, el popular Mariano Rajoy, ahondó el problema de inseguridad jurídica a base de despojar a los inversores de las ventajas que se les habían concedido.
Ante semejante panorama, algunas de las principales compañías del ramo (E.On, NextEra, Antin…) invocaron el Tratado de la Carta de la Energía y pidieron a España que respondiese por las graves consecuencias derivadas de semejante situación de arbitrariedad. Sus reclamos derivaron en la constitución de medio centenar de tribunales de arbitraje, dentro del sistema de resolución de disputas del Banco Mundial, que canaliza estos procesos a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Desde el primer momento, España ha participado de forma activa en estas dinámicas y ha reconocido la plena legitimidad de los litigios. La Abogacía del Estado de nuestro país se ha personado en todas las causas y ha desembolsado cerca de 70 millones de euros para contratar la asesoría de prestigiosos despachos internacionales especializados en este tipo de procesos. Además, hay que tomar en cuenta que la elección del jurista que dirime estos laudos se pacta de forma bilateral, de modo que España ha dado su visto bueno a la conformación de todos y cada uno de los tribunales de arbitraje que han supervisado estos procesos.
Pese a todo, el gobierno de Sánchez ha acabado optando por impagar todos y cada uno de los 22 laudos que condenan a España a abonar un total de 1.200 millones de euros a las empresas afectadas. A estas obligaciones hay que sumarle los intereses de demora, que ascienden a 120 millones de euros, y las condenas en costas, que añaden un gasto adicional de 130 millones.
Por tanto, la factura original de los laudos se ha visto incrementada notablemente (cerca de 250 millones más) a raíz de los impagos de Sánchez. Y, como es lógico, es fácil adivinar que esta cantidad seguirá creciendo, puesto que sigue habiendo dos decenas de laudos pendientes de resolución (y muchos de ellos serán, presumiblemente, adversos a los intereses de España, puesto que los fundamentos de derecho son muy similares) y también por el efecto que tiene el paso del tiempo en los intereses de demora (en la medida en que siguen los impagos, la factura no para de aumentar, ya que las indemnizaciones están vinculadas a variables como el IPC, el Euribor, etc.).
La justicia británica y australiana ya ha reconocido esta situación y ha dado vía libre a las medidas de protección que han invocado las empresas e inversores afectados. Por este camino, se ha autorizado la toma de la sede del Instituto Cervantes en Reino Unido, el embargo de un edificio de la Generalidad de Cataluña ubicado en pleno centro de Londres y la incautación de una parte de los casi 1.000 millones pendientes de cobro por la catástrofe del Prestige. A esto hay que sumarle otro tipo de problemas, como el hecho de que cuatro bonos soberanos estén en default técnico por estos impagos.