El pasado mes de marzo, la UE aprobó de forma definitiva la prohibición de vender coches o furgonetas gasolina o diésel a partir de 2035. Lo hizo con las objeciones de algunos países, que no fueron suficientes para tumbar una medida ya aprobada por el Parlamento Europeo y que supone el veto también de los vehículos híbridos al establecer que los nuevos automóviles sean cero emisiones. Entre los países reticentes estaban Italia, que se abstuvo y que pretende que la UE contemple otras opciones verdes como los biocombustibles avanzados, Alemania, que forzó la excepción de los vehículos que usen combustibles sintéticos, y Bulgaria, Rumanía y Polonia, que votaron en contra ante la amenaza que supone para su industria.
Dos meses después, ha trascendido la decisión del Gobierno polaco de batallar contra la norma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ministra del Clima Anna Moskwa ha anunciado que en los próximos días recurrirán el reglamento ante la justicia europea por considerar que la prohibición "es dañina para todas las economías" de la UE.
"Si estamos legislando para el año 2035, tenemos que considerar también todas las consecuencias que tendrán esas esas decisiones en los próximos años", señaló en una entrevista en la que avanzó que llevarían ante la justicia otras medidas climáticas recogidas en el paquete Fit for 55. En la misma entrevista, Moskwa apuntó que no se ha analizado de forma suficiente el impacto económico y social de esta medida, lo que es, a su juicio, "escandaloso". Confía, según contó, en que otros países se sumen a esta rebelión judicial.
En paralelo, otra normativa relacionada con el motor de combustión, Euro 7, también está generando rechazo entre varios miembros de la UE. El nuevo reglamento, que aún se está tramitando, establecerá límites más duros para las emisiones de motores de combustión e incluye también restricciones para las partículas generadas por neumáticos y frenos. La industria del automóvil ha avisado de que estos requisitos más estrictos podrían encarecer el precio final de los vehículos, en especial de los más pequeños, y han denunciado que supondrán un coste altísimo para la industria justo cuando se les está empujando a la electrificación.
Sus demandas tienen el respaldo de, por el momento, ocho países, Italia, Francia, Polonia, Bulgaria, la República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, que reclaman retirar la propuesta de la Comisión Europea. Otros países, como Alemania, la han criticado por considerarla poco realista e "inaceptable" en sus términos actuales.
El Gobierno español, por el momento, tiene una "posición favorable", según señaló hace unos días la ministra española de Transporte, Raquel Sánchez, aunque abogó por "analizar los matices que puedan hacer compatible la aprobación de la Euro 7 con una situación que no nos reste competitividad como país". Buscarán, dijo, una posición que "equilibre ese necesario compromiso por esa movilidad que debe ser más sostenible", pero teniendo en cuenta al "sector de la industria de la automoción, que en nuestro país tiene un peso muy importante".
La aprobación del reglamento, si llega, podría coincidir con la presidencia de turno española del Consejo de la UE. Según los fabricantes, la industria española sería uno de los países que más sufriría la aprobación de este reglamento.