El PSOE y Podemos han llegado a una peligrosa unión de objetivos: la de imponer los recortes de jornada en la próxima legislatura sin reducción salarial. Es decir, que, al margen de las múltiples subidas de impuestos, de las campañas contra los empresarios y de la voladura permanente de la seguridad jurídica, en caso de que salga la coalición de izquierdas el 23-J los empresarios sabrán que cuentan al frente del Gobierno con unos partidos que pretenden hacer que reduzcan las jornadas sin reducir el sueldo de los teóricamente beneficiados.
Los comunistas englobados en Sumar y el PSOE coinciden en una vía que aparece recogida en lo que se denomina como Estrategia Española de Impulso Industrial 2030. Y dentro de ese plan se incluyen desde pactos globales y de Estado para implantar una industria verde en España, reforzar las capacidades industriales y tecnológicas siempre que sean ecológicas, o la modernización el tejido industrial siempre que sea de forma sostenible. Todo muy 2030 pero siempre sin indicar que coste tendría para las empresas.
Pero tanto unos como otros —PSOE y Sumar— tienen claro que las empresas se deben hacer cargo de distintos costes nuevos y adicionales a todos los ya asumidos. Y son todos los derivados de dos frentes, el de la transición ecológica y el del recorte de jornadas para los trabajadores.
Porque la idea es avanzar por lo que ya han defendido como "proyecto piloto" de reducción de jornada laboral para empresas industriales "con medidas destinadas a la reducción de las jornadas laborales sin merma salarial". Y es que todo pasa por el hecho de que no haya merma salarial. Traducido: los empleados trabajan menos horas pero se les paga lo mismo. O, dicho de otro modo, si el empresario tiene que cubrir esas bajas de horas con nuevos contratos, los tendrá que cargar a su cuenta de resultados elevando los costes sin obtener ningún tipo de ingreso extra.
Y hay que tener en cuenta que el coste por hora trabajada aumentó un 3,6% en el cuarto trimestre del año 2022 respecto al mismo periodo de 2021, su mayor alza desde la llegada del Covid, en el segundo trimestre de 2020. Y también que, desde el año 2002 la presión fiscal que han sufrido y sufren hoy en día los españoles se ha duplicado. Porque a la mala situación económica que atraviesa España se le suma el saqueo tributario del Gobierno, tanto a las empresas como a los ciudadanos. Un atraco al bolsillo de los trabajadores que ven como más de la mitad de su salario va a parar a las arcas del Estado. Y Sánchez, por su parte, ha logrado el dudoso hito de llegar al medio billón de euros en recaudación fiscal que sale de los bolsillos de la gente.
De hecho, los años 2021 y 2022 han acabado con un aumento de la recaudación por impuestos extraídos de los bolsillos de todos los españoles de nada menos que 85.000 millones de euros. Y ello coincidiendo con dos ejercicios en los que ya se estaban disparando los precios que soportaba la población. Pero Pedro Sánchez, no contento con ello, ha decidido que la maquinaria fiscal tiene que seguir apretando las tuercas de los contribuyentes, al menos, hasta el mismo día de las elecciones generales, este 23-J. Por ahora, el último informe oficial de recaudación refleja que por el IRPF los españoles han pagado ya 5.000 millones extra este año. Y por el IVA, otros 2.000 millones adicionales al saqueo impositivo de los dos años anteriores. La maquinaria de sangría fiscal sigue a pleno ritmo.