En medio del terremoto político que ha supuesto el 23J, que aboca a unas complicadas y largas negociaciones y la posibilidad de una repetición electoral, la cuenta atrás para el cierre escalonado de las cinco centrales nucleares españolas sigue contando. En 2027 está previsto el primero de ellos, el de la central extremeña de Almaraz, pero los expertos advierten de que el punto de no retorno llegará antes, en 2024: será el momento en que la central tenga que empezar a prepararse para la clausura, un complejo proceso que también supone abandonar la planificación a largo plazo que implica tener abierta una planta nuclear.
Aunque en campaña el asunto nuclear volvió al primer plano por la promesa de Alberto Núñez Feijóo de mantenerlas si llegaba al poder, la posibilidad de que Sánchez siga en Moncloa supone también que el calendario se mantiene: así lo prometieron PSOE y Sumar en campaña descalificando la propuesta popular y así lo confirmó oficialmente el Ministerio de Transición Energética ante Bruselas, con un plan energético hasta 2030 basado en renovables y que incluye el abandono paulatino de la nuclear.
En medio de la incertidumbre, dos de las empresas propietarias, Iberdrola y Endesa, se han referido al futuro de la energía nuclear en España, que supuso un 20,26 por ciento de la energía generada en nuestro país en 2022. En la presentación de los resultados semestrales de Iberdrola, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha confesado ante la prensa que "se sentiría más tranquilo" si se mantuviesen operativas las centrales nucleares en España.
Galán ha recordado que existe un protocolo firmado para el cierre desde 2027 a 2035 que su compañía "quiere respetar", pero también ha recordado que es "posible técnicamente" mantenerlas abiertas. En campaña, tanto PSOE como Sumar presentaron la posibilidad de mantenerlas abiertas como inviable económicamente por las inversiones necesarias: Díaz aseguró incluso que la factura la pagarían los españoles.
En cualquier caso, Galán señaló que "si siguen", "se tendrían que renegociar económicamente las condiciones para conseguir su plena viabilidad", en alusión a las reivindicaciones del sector relativas a la rentabilidad y a la carga fiscal. Él, ha insistido, se sentiría "más tranquilo si existen que si desaparecen".
Sus palabras llegan un día después de que el consejero delegado de Endesa, José Bogas, aludiera al futuro cierre de Almaraz en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre. En el acto, el directivo se mostró preocupado por la seguridad del suministro a partir del cierre del parque actual de nucleares.
Bogas habló también del borrador del plan energético del Gobierno hasta 2030, el PNIEC, hecho público poco antes de la cita electoral y que incrementa los objetivos de potencia renovable en esta década. A juicio del consejero delegado de Endesa, "no son realistas teniendo en cuenta la historia y las estadísticas" de ritmo en el desarrollo de este sector. El plan, señaló, implica aumentar 10GW por año "hasta llegar a 133 GW en el año 2030", algo que consideró complejo por las dificultades técnicas para integrar toda la nueva capacidad "en tan poco tiempo" y de financiación, por la escasez de componentes clave, de mano de obra especializada y la creciente oposición social. Las cifras récord del sector de entre 5 y 7 GW al año están lejos de esos 10-15 GW que prevé el PNIEC, señaló.
"Creo que va a ser muy, muy difícil realmente poner en funcionamiento más que esta cantidad total que he dicho. Una cosa es lo que queremos o lo que deseamos hacer, y estamos de acuerdo en que el objetivo debe ser desafiante, pero por otro lado, debemos ser realistas", dijo Bogas, partidario de "discutir con el Gobierno, para tratar de ajustar este plan".