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Diecisiete ingenieros de la Real Academia ven "indefendible" el cierre nuclear de Ribera

Nuevas voces rechazan la política energética del Ejecutivo y el proyectado cierre de los siete reactores españoles.

Nuevas voces rechazan la política energética del Ejecutivo y el proyectado cierre de los siete reactores españoles.
Central nuclear de Trillo | C.Jordá

Los pasados 25 y 26 de abril, la Real Academia de Ingeniería celebró unas jornadas dedicadas al "papel de la energía nuclear en la transición energética española". Durante dos días, expertos del sector como el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, el presidente de la Sociedad Nuclear Española, representantes de organismos científicos como el CIEMAT, de las eléctricas que operan las centrales, de ENUSA, que fabrica combustible nuclear en España y también de las empresas nucleares más punteras debatieron sobre el papel que podría jugar la energía nuclear en España y el proyectado cierre de las centrales entre 2027 y 2035. "La ideología domina el debate en España", lamentaba el organismo en la presentación de unas jornadas que buscaban, según explicaron, "presentar información basada en datos objetivos" a la opinión pública.

Al acto, según se apuntó en las jornadas y confirmaron desde la Academia a LD, se invitó, sin éxito, a miembros del Gobierno. Un mes después y a unas semanas de que termine el plazo para el envío a Bruselas de la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que recoge la estrategia energética de España de aquí a 2030, 17 miembros de la Real Academia de Ingeniería suscribieron un texto a título particular con las conclusiones de lo escuchado estos días muy crítico con la decisión de mantener el calendario de cierre de las centrales.

En el documento, los académicos señalan que la operación de las centrales españolas es "un ejemplo a nivel mundial" y destacan, entre otros aspectos, que es "segura, proporciona una electricidad firme" y es también "libre de emisiones". Al respecto, recuerdan que España, con la clausura de sus reactores, tomaría una decisión contraria a las de otros 38 países. "Con su sustitución por centrales térmicas de carbón, Alemania está emitiendo a la atmósfera 2,7 veces la media del CO2 producido por el sistema eléctrico español por cada kWh generado", avisan respecto a la decisión germana de clausurar sus tres últimos reactores.

Los académicos también subrayan otros aspectos en torno al futuro cierre: la potencia del sector nuclear en España, que "despliega una parte muy importante de su actividad en proyectos internacionales"; el "desafío muy importante" que supondrán desmantelar todas las centrales, el hecho de que la electricidad nuclear "tiene costes de generación antes de impuestos atractivos y competitivos para el sistema" y apuntan que "debería reflexionarse" sobre la conveniencia de construir el ATC para residuos que descartó el Gobierno así como los "muy dilatados plazos" para la construcción del AGP, el futuro almacén de residuos eterno.

Tras estas consideraciones, los 17 ingenieros firmantes lanzan varias recomendaciones, recoge el texto al que ha tenido acceso LD. La más relevante es que, en su opinión, excluir "a priori el parque nuclear existente, con instalaciones seguras seguras que podrían seguir generando energía de bajo coste y libres de emisiones", no es "defendible ni económica, ni técnica, ni ambientalmente". El hecho de que el Plan energético del Gobierno basado en energías renovables tenga a las centrales de ciclo combinado como apoyo es algo que "debería revisarse en las circunstancias actuales de alta incertidumbre", dicen.

Los ingenieros también lamentan que no se contemple en los planes del Gobierno la instalación de SMR o minirreactores nucleares, solución por la que sí apuestan otros países como Reino Unido, Francia o Canadá. Apuntan que "contribuirían a la generación de electricidad firme, gestionable y de bajo coste y prestarían respaldo a las energías renovables intermitentes".

Son también críticos con la redacción del plan energético de Ribera por no incluir "varios escenarios u hojas de ruta alternativas" que "abran abanicos de diferentes posibilidades con un soporte riguroso para comparar los análisis de las distintas opciones sin apriorismos excluyentes". Piden incluir múltiples escenarios y variables en lugar de los dos actuales.

Además, consideran que proponen un "alto incremento de la potencia instalada de renovables" que "parece difícil de alcanzar a la luz de la experiencia de las dos últimas décadas en España".

En cuanto a la decisión de prescindir de la energía nuclear, avisan de que según los modelos "rigurosos" que se analizaron en las jornadas, la decisión conllevaría "costes de generación eléctrica y precios al consumidor más altos, un incremento de las emisiones" y "una reducción de la seguridad de suministro". "Bajo ningún concepto se deben comprometer los retos sociales, ambientales y económicos", dicen los ingenieros, que también señalan que extender la vida de las actuales centrales, "mientras sean seguras y necesarias en la transición hacia la descarbonización, se considera esencial para una evolución del sistema eléctrico sin sobresaltos".

Concluyen los firmantes señalando que "urge una negociación sin apriorismos entre operadores nucleares y el gobierno para alcanzar un acuerdo que garantice beneficios razonables a los primeros y una energía asequible, sin emisiones de gases de efecto invernadero y segura".

El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto mandar el borrador del PNIEC revisado este mismo mes, antes del plazo mínimo establecido por Bruselas. Estas semanas se han celebrado reuniones preparatorias con notorias ausencias, entre ellas la de la industria nuclear. Desde el Gobierno, se ha señalado que será más ambicioso de actual, con nuevos objetivos de penetración de renovables pero sin cambios respecto a las centrales. Según informaron fuentes del Ministerio a Efe, en estos momentos el Gobierno está terminando de incorporar observaciones y comentarios que mejoran su propuesta, y "obviamente, antes de las elecciones" del 23 de julio, se someterá a información pública y, como un borrador lanzado a información pública, el Ministerio lo remitirá al mismo tiempo a Bruselas.

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