El Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales ha rechazado el recurso presentado con el que el gobierno de España pretendía frenar el proceso de embargo de bienes que está sufriendo nuestro país a raíz de los impagos a las renovables. La decisión confirma una sentencia anterior y deja al Ejecutivo de Pedro Sánchez prácticamente sin margen de maniobra, puesto que ya solamente cabe presentar un último recurso de apelación para intentar frenar el proceso.
La decisión del TS está ligada al proceso iniciado por Antin, una de las empresas más grandes de Europa en el campo de las infraestructuras y la energía. Puesto que España es un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y también está adherida al convenio del Centro Internacional de Arreglo de Disputas referidas a Inversiones (CIADI), los abogados de Antin canalizaron el proceso a través de un arbitraje internacional.
El tribunal dependiente del Banco Mundial resolvió el caso Antin en 2018 e impuso a España al pago de una indemnización de 101 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle cerca de 20 millones en concepto de intereses de demora y condenas en costas. En total, hablamos de 120 millones que se suman a los más de 1.200 millones que acumulan las demás condenas por este fiasco.
La negativa de España a pagar el laudo ha hecho que los abogados que llevan el caso abran distintos frentes judiciales contra nuestro país, invocando el reconocimiento del laudo como fórmula para embargar bienes del Reino de España y lograr de esa forma el pago de la citada compensación.
Hasta ahora, la justicia británica ha sido la que ha actuado con mayor celeridad. De hecho, ya ha concedido el embargo cautelar del derecho de cobro de más de 900 millones de euros por la catástrofe del Prestige, un pago sobre el que España sufriría la incautación de los primeros 120 millones para compensar a los afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las renovables.
Con esta nueva decisión, el Tribunal Supremo rechaza las apelaciones que había presentado España y que se basaban en invocar la primacía del derecho europeo sobre las decisiones del CIADI y en alegar que los bienes sobre los que pretenden actuar los abogados del caso deben quedar sujetos a inmunidad de Estado.
Además, la decisión de la corte británica incluye una condena en costas de casi 600.000 euros. Cabe recordar que nuestro país acumula casi 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros por la estrategia de impagos que ha venido siguiendo el actual gobierno de Pedro Sánchez.