El gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a cumplir sus obligaciones y se rehúsa a pagar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva a las empresas e inversores que invirtieron en el sector energético y sufrieron la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las renovables.
Sobre el papel, nada de esto es imputable a Sánchez, puesto que las primas fueron introducidas por Rodríguez Zapatero y su modificación se produjo bajo mandato del ex mandatario socialista y del popular Mariano Rajoy. Entonces, ¿por qué está Sánchez en el punto de mira? Simple y llanamente, porque ha ordenado a la Abogacía del Estado que no pague estos laudos y cuestione la legitimidad del CIADI, el tribunal del Banco Mundial que se encarga dirimir estas disputas en virtud del Tratado de la Carta de la Energía, del que España es firmante.
La situación a la que ha llegado España causa bochorno y sorpresa en el extranjero, puesto que ya somos el segundo país con mayor número de incumplimientos de este tipo de sentencias, solamente por detrás de Venezuela y por delante incluso de Rusia. Por lo tanto, no sorprende que las empresas e inversores afectados hayan actuado para resarcirse de estos impagos, iniciando las reclamaciones judiciales que han resultado el embargo de numerosos bienes del Reino de España, entre ellos la indemnización de casi 1.000 millones por el hundimiento del Prestige o la sede del Instituto Cervantes en Londres. Además, la disputa ha dejado cuatro bonos de deuda soberana en una situación de default técnico que puede perjudicar seriamente la financiación del Tesoro.
Obviamente, Sánchez podría haberse limitado a seguir las reglas del juego y pagar los laudos condenatorios, como hacen las demás democracias avanzadas. Sin embargo, situándose a la par con Maduro o Putin, lo que ha conseguido el presidente socialista es una doble derrota: por un lado, los costes financieros asociados a estos procesos se han disparado hasta los 119 millones de euros; por otro lado, los costes legales de esta cuestionable huida hacia delante ascienden a 58 millones solo en concepto de condenas en costas, cantidad a la que hay que sumar los aproximadamente 70 millones que han desembolsado las Administraciones Públicas para contratar a los carísimos bufetes internacionales que han litigado (y perdido) estos procesos.
En el siguiente cuadro se recogen los casi 60 millones de condenas en costas, desglosados para todos y cada uno de los 21 procedimientos en los que España ha sido declarada culpable. Estos pagos suman 31,8 millones denominados en euros, 24,8 millones en dólares (22,4 millones de euros), 3,2 millones en libras esterlinas (3,6 millones de euros), 25,3 millones en yenes japoneses (171.000n euros) y 250.000 francos suizos (255.000 euros).
Como puede verse, las empresas afectadas no han ahorrado recursos a la hora de combatir al gobierno de España. Un buen ejemplo es el de la estadounidense NextEra, una de las empresas más importantes del sector de la energía renovable, se ha gastado 7,8 millones de dólares y 1,1 millones de euros en minutas de abogados que finalmente han terminado siendo trasladadas a España a raíz de la condena a costas.
Hay pendientes de resolución otros treinta procesos. De hecho, se estima que la factura final puede elevarse de casi 1.200 a cerca de 2.000 millones de euros. De ser así, y partiendo de las condenas en costas que ya se han producido, las indemnizaciones podrían terminar situándose en el entorno de los 100 millones.