"El sol puede ser tuyo", anunciaba en 2006 el gobierno de Rodríguez Zapatero en una campaña publicitaria que pretendía impulsar el desarrollo de energía renovable en nuestro país. Los incentivos ofrecidos por el Ejecutivo socialista sedujeron a más de 65.000 familias y captaron enormes inversiones impulsadas por decenas de compañías internacionales. Sin embargo, las primas fueron retiradas de forma retroactiva, merced a distintos cambios fiscales y regulatorios introducidos por el propio ZP y por su sucesor, Mariano Rajoy.
La insostenibilidad financiera de aquel esquema retributivo quedó manifiestamente clara con la acumulación de un déficit de tarifa de más de 16.000 millones de euros, pero la forma en que se desmontaron las ayudas fue manifiestamente ilegal. Así lo han reconocido más de 20 sentencias internacionales que imponen a España el pago de 1.200 millones de euros en indemnizaciones. No obstante, el gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a desembolsar tales compensaciones y ha hecho que nuestro país se sitúe a la altura de Venezuela y Rusia en lo referido al cumplimiento de este tipo de laudos.
Esta circunstancia ha hecho que los afectados litiguen en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia o Suiza para procurar el embargo de bienes soberanos de nuestro país en el extranjero. La lista de activos en el punto de mira de los inversores abarca edificios, cuentas de banco, bonos de deuda, derechos de cobro, participaciones empresariales…
Además de todos estos procedimientos ligados a litigios que ya han llegado a su fin y que siguen pendientes de pago, en las últimas semanas hemos conocido nuevos detalles de la situación en la que se encuentran otras empresas que han denunciado a España por el mismo motivo y que aún no cuentan con una sentencia firme. De hecho, si solamente consideramos los procesos que afectan a bancos, empresas e inversores alemanes, encontramos que sus pleitos pueden desembocar en la obligación de pagar otros 1.100 millones en concepto de nuevas indemnizaciones.
Buffett y el ‘frente’ japonés
Igualmente preocupante es el escenario legal que enfrenta nuestro país en relación con las denuncias interpuestas por algunas de las más importantes empresas de Japón. Además del caso que afecta a la filial energética de Toyota, que tiene casi 115 millones pendientes de pago, Libre Mercado ha sacado a la luz otros tres procesos que afectan a tres gigantescas corporaciones niponas: JGC, Itochu y Matsui.
Pues bien, se da la circunstancia de que dos de estas compañías afectadas por los impagos del gobierno español forman parte de la cartera de Berkshire Hathaway, el vehículo del legendario inversor estadounidense Warren Buffet. Para ser precisos, el Oráculo de Omaha forma parte del accionariado de Itochu y Matsui. Estos títulos suponen, en ambos casos, en torno al 7-8% de la propiedad de ambas compañías. De modo que su cartera también está afectada por la inaudita decisión del gobierno de Pedro Sánchez, que ha colocado a nuestro país como un paria en el escenario internacional.
Berkshire Hathaway es una de las firmas de inversión más importantes del mundo, con más de 325.000 millones de dólares bajo gestión. Buffett se puso al frente del vehículo en los años 60 y desde entonces ha capitaneado las operaciones de la compañía hasta convertirla en un icono del value investing, con retornos anuales medios del 20%.
Conviene recordar también que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que representa a la comunidad empresarial e inversora del país norteamericano, se ha personado en los procedimientos judiciales que se están librando contra España en la nación del Tío Sam y que giran en torno a los impagos sufridos por compañías como NextEra, una gigantesca firma de energía "verde" al que nuestro país debe más de 300 millones de euros.