Que las políticas de descarbonización hayan puesto al continente europeo al borde del colapso energético tras la invasión rusa de Ucrania (colapso que amenaza todavía a países como Alemania, que ha decidido acabar con todo su parque nuclear) no parece que haya hecho escarmentar a sus señorías europeas, que mantienen su famosa agenda para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y conseguir que en 2050 los países de la Unión emitan el 0% de los gases de efecto invernadero.
Y ese empeño, traducido en las propuestas maximalistas de la famosa Agenda 2030, es el que conduce a los burócratas comunitarios a evacuar normativa para dirigir la actividad, vida y obligaciones de los ciudadanos del continente.
Sus ataques al campo son conocidos, y en Libertad Digital hemos dado buena cuenta de ellos, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que pretende restaurar ecosistemas dañados y que implicará, de facto la pérdida de numerosas tierras de cultivo y caladeros. Pero no queda ahí la cosa. En España los agricultores se quejan de la normativa relativa al cumplimiento de la Agenda 2030 sobre cuestiones como el agua limpia, sobre la vida de ecosistemas terrestres o la estrategia sobre la biodiversidad, incluyen normativa que conduce a la industria agroalimentaria a miles de euros en pérdidas y caída drástica de la producción. Es más, lo que estamos viendo es lo que ya denunciaban los colectivos de agricultores españoles y es que el sector está perdiendo empleo a manos llenas.
De este apetito normativo de los burócratas de Bruselas se desprenden iniciativas como Madrid Central, la electrificación del parque móvil, o los impuestos a los coches de combustión. También las restricciones de circulación en las grandes urbes cuando la contaminación aumenta, o la regulación de la temperatura que deben tener los establecimientos públicos en verano y en invierno.
Ahora, contra los propietarios de vivienda
Gracias a estos burócratas, los españoles tendremos que enfrentarnos ahora a un nuevo ataque a nuestros derechos de propiedad. Si el Gobierno del PSOE ha aprobado una Ley que abre la puerta a la posibilidad de que el Estado decida si puedes hacer uso o no de una vivienda en propiedad en caso de que sea okupada por alguien considerado "vulnerable", ahora la normativa europea pretende obligar al 80% de las viviendas a ser rehabilitadas para cumplir con los criterios de emisiones de la agenda europea.
Como lo leen. La concienciación climática bruselense quiere que en 2033 todos los edificios existentes en la unión Europea tienen que tener una clasificación energética D (en una escala de la A a la G). El problema en España es que 8 de cada 10 viviendas está por debajo de esa calificación, según el último informe sobre el Estado de la Certificación Energética de los Edificios (de 2021). La UE ya aprobó esta propuesta en marzo. Ahora, negocia su redacción definitiva y, una vez aprobada, los países de la UE tendrán que adaptarla a su normativa estatal.
Eso, como paso previo a la nula emisión de CO2 por parte de los edificios que tendrá que llegar en 2050, con la reinversión que eso implicará.
¿Qué consecuencias tiene esto? Sencillo: el 80% de las viviendas en España tendrán que acometer obras de mejora y acondicionamiento para obtener el grado de eficiencia energética exigida. Según algunos especialistas que han consultado medios como Cinco Días, los costes pueden estar por encima de los 10.000 euros de media por hogar, llegando incluso en el caso de viviendas unifamiliares a rozar los 40.000 euros.
De momento el cambio tiene que ver con el nivel de exigencia. Si hasta ahora bastaba con tener un buen uso de la energía, ganando en eficiencia, ahora ésta no será suficiente, ya que la nueva norma aprobada incluye el concepto "edificio cero emisiones", lo que significa que habrá control de emisiones y, éstas tendrán que ser nulas. La huella de carbono también incluye los materiales, que deben ser producidos con nula o casi nula contaminación en su proceso.
Otro aspecto interesante que recoge la nueva normativa es que los estados miembros tendrán que poner en marcha un plan nacional para la rehabilitación de los edificios. El objetivo es que cada año se logre una tasa mínima de renovación energética del 3% del parque de vivienda. Pero en España el ritmo de rehabilitación de edificios es muy inferior a ese ratio. En 2021 se rehabilitaron algo más de 30.400 viviendas, un 0,11% del total.
Las cifras son mareantes. El objetivo más ambicioso hasta el momento es lograr rozar los 10 millones de viviendas rehabilitadas en 2050. En cuanto a los fondos para poder llevar a cabo estas rehabilitaciones, la UE ha señalado la importancia de los fondos Next Generation para lograrlo. El problema es cómo y cuándo llegan. De momento, tanto las subvenciones para la compra de vehículo eléctrico como las que se conceden para la instalación de placas fotovoltaicas en las viviendas sufren retrasos superiores al año en la mayoría de los casos.