España tiene el triste honor de ser el segundo país con más laudos internacionales pendientes de pago, solamente por detrás de Venezuela. Tiene sentido, pues, que Pedro Sánchez busque forjar alianzas jurídicas con los despachos que se encargan de gestionar al régimen bolivariano ante el Banco Mundial y otros organismos afectados por esta lamentable estrategia.
En este sentido, el gobierno español filtró el mes pasado que había dispuesto una partida de 1,7 millones de euros para contratar a un despacho de abogados neoyorquino con el que pretende frenar los procesos de embargo de bienes del Reino de España que han autorizado las autoridades judiciales británicas y australianas como forma de compensación para resarcir a las empresas que están sufriendo los impagos.
Pues bien, fuentes consultadas por Libre Mercado han podido confirmar que el bufete en cuestión (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLC) se especializa, precisamente, en defender a regímenes como el de Venezuela, ostentando por ejemplo la representación legal de su petrolera estatal, PDVSA, en distintos procedimientos internacionales.
De hecho, cuando revisamos la lista de países con los que trabaja el equipo de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLC, nos encontramos una larga lista de regímenes de dudosa reputación, caso de la República del Congo, Sudán del Sur, Uzbekistán, Vietnam, Argentina, Kazajistán o Uganda.
El coste de los impagos
El gobierno de España se ha negado a cumplir los más de veinte dictámenes del Banco Mundial que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Aunque nuestro país se personó en todos estos arbitrajes y la Abogacía del Estado invirtió cerca de 70 millones en su estrategia de defensa jurídica, las resoluciones desfavorables suman más de 1.200 millones, cifra a la que hay que sumar cerca de 60 millones por las condenas en costas y alrededor de 120 millones por los intereses de demora.
Ante esta circunstancia, no sorprende que las empresas e inversores afectados hayan actuado para resarcirse de estos impagos, iniciando las reclamaciones judiciales que han resultado el embargo de numerosos bienes del Reino de España, entre ellos la indemnización de casi 1.000 millones por el hundimiento del Prestige o la sede del Instituto Cervantes en Londres. Además, la disputa ha dejado cuatro bonos de deuda soberana en una situación de default técnico que puede perjudicar seriamente la financiación del Tesoro.