La gigantesca corporación petrolera Yukos, que pertenecía al oligarca Mijaíl Kodorkovsky, cayó presa del gobierno ruso en octubre de 2003, cuando el régimen arrestó a su titular y tomó el control de la compañía. Esta circunstancia dio pie a un largo proceso que llegó hasta la Corte de Apelaciones de La Haya y concluyó con una sentencia que condena al país de Vladimir Putin a pagar 50.000 millones de dólares a los accionistas afectados.
Aunque en 2014 se emitió la sentencia que remataba el proceso, pero dicha decisión quedó sujeta a un largo proceso de apelaciones que concluyó finalmente en 2020. El laudo concluyó de manera certera que Rusia violó las obligaciones del Tratado de la Carta de la Energía, que exige que cualquier tipo de expropiación a las empresas del sector lleve aparejado el pago de una indemnización justa y razonable, con arreglo al valor de mercado.
Ahora que los inversores perjudicados por la expropiación tienen una sentencia definitiva entre manos, y habida cuenta de la negativa de Putin de llegar a cualquier tipo de acuerdo, el siguiente paso que han dado los accionistas afectados ha sido el de acudir a la justicia de distintos países y pedir que se autoricen medidas de protección, como por ejemplo el embargo de bienes y activos pertenecientes a Rusia.
Esta situación recuerda a la problemática que están atravesando las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas que ofreció España a las inversiones en energías renovables. Aunque ya se han publicado decenas de sentencias internacionales que condenan a nuestro país, el gobierno de Pedro Sánchez se niega a reconocer estos laudos y a resarcir a los perjudicados, a quienes se han reconocido indemnizaciones por más de 1.200 millones de euros, amén de otros 250 millones en concepto de intereses de demora y condenas en costas.
El comportamiento del gobierno nos ha situado en una posición manifiestamente precaria. Somos el país con más laudos internacionales pendientes de pago y ya nos codeamos con Venezuela y Rusia. Precisamente por eso no resulta del todo sorprendente que el gobierno de Vladimir Putin haya aludido a los impagos de España como supuesto respaldo a su posición.
Para ser precisos, en el proceso que se está desarrollando ante la justicia estadounidense para registrar el laudo del caso Yukos, los abogados del régimen ruso han citado como ejemplo los impagos de nuestro país y han defendido que no tiene sentido pedirle a Moscú que tenga un comportamiento distinto al que está exhibiendo el Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Podemos.
No es esta la primera vez que sucede algo así. El pasado mes de abril, Libre Mercado informaba de la "pinza" que está haciendo el gobierno español con Rusia para defenderse en este tipo de procedimientos y evitar el cumplimiento de las sentencias. Esta situación ha llamado poderosamente la atención de medios especializados como Law360, que no dan crédito al hecho de que las acciones de España estén contribuyendo a justificar los impagos del régimen de Putin.