El gobierno de Pedro Sánchez está cada vez más preocupado por la retahíla de medidas de protección que han puesto en marcha las empresas e inversores afectadas por el impago de las indemnizaciones recogidas en los laudos que dirimieron decenas de procedimientos asociados a la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
El Ejecutivo conoció en los últimos días que algunas de estas empresas han invocado la cláusula que permite decretar el default de la deuda soberana de nuestro país en caso de que el Estado incumpla sus obligaciones de pago con sus acreedores. Desde el gobierno aseguran que tomarán medidas para amortiguar el golpe, pero Libre Mercado ha tenido acceso a diversos documentos en los que el Ejecutivo reconoce su preocupación.
Esta evidencia saldrá a la luz próximamente pero, de momento, el nuevo episodio del default soberano afecta ya a cuatro bonos de deuda cuyo valor se acerca a los 1.000 millones. Es previsible que esta circunstancia se traducirá próximamente en un repunte del coste de financiación que enfrenta España en los mercados de deuda.
En los últimos meses se han embargado también otros activos del Reino, como una cuenta de banco depositada en la filial británica del Banco Santande o dos inmuebles radicados en Londres (la sede del Instituto Cervantes en las islas y una oficina de promoción económica vinculada a la Generalidad de Cataluña).
Por si no fuese suficiente, los afectados también han incautado 120 millones de la indemnización de casi 1.000 millones concedida a España por el caso del hundimiento del barco petrolero Prestige. Además, la justicia australiana ha abierto la veda al embargo de la filial de Navantia en el país, así como otros activos del Reino de España en la nación oceánica.
La ofensiva de las empresas e inversores afectados podría haberse evitado si el gobierno español se limitase a cumplir la legalidad y a desembolsar las indemnizaciones que dictó el tribunal del Banco Mundial en el que se dirimieron estos procesos, pero el Ejecutivo ha preferido enrocarse en una posición de incumplimiento que ha hecho de España el segundo país que más desobedece este tipo de sentencias, casi a la par con la Venezuela chavista.
Pero esta situación no le sale gratis al gobierno, ni mucho menos. La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge decenas de millones de euros desembolsados en concepto de contratación de despachos internacionales de abogados, un gasto realizado con el propósito de evitar el pago de las indemnizaciones. A esta cifra hay que sumarle los cerca de 2 millones que acaba de desembolsar la Administración Sánchez para cerrar los servicios de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, un prestigioso bufete estadounidense con el que espera seguir eludiendo el pago de los laudos. Sorprende, en cualquier caso, que se haya contratado a una compañía norteamericana, puesto que el frente judicial más acuciante con el que lidia la Abogacía del Estado son los embargos que se están produciendo en suelo británico.
En total, las empresas y compañías afectadas estiman que están luchando contra una maquinaria que no para de derrochar recursos. Así, según sus cálculos, España habría gastado en torno a 72 millones de euros para pagar los honorarios de sus abogados. Y la cosa no acaba ahí, puesto que las derrotas de España en el 90% de los procedimientos que ya son definitivos, así como en otras instancias judiciales como la tramitación de los embargos y medidas de protección en Reino Unido o Australia, generan costes adicionales y siguen engordando esta factura.