España es un país cada vez menos atractivo para la inversión. El sambenito de país líder en inseguridad jurídica gracias a los laudos por las renovables que Sánchez se empeña en no pagar, nos ha convertido en un destino poco atractivo para los negocios. Sencillamente, tenemos la sospecha de no confiables. Además, legislaciones como la puesta en marcha a iniciativa de Bildu sobre la vivienda, que sustrae los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles a sus legítimos propietarios, tampoco ayudan.
Si a esto le sumamos la agresividad impositiva de nuestro sistema fiscal, mayor que el de nuestros competidores europeos, la consecuencia lógica es el descarte de España como receptor de inversiones para players internacionales. Recordemos que el Gobierno ha llegado a inventar impuestos si es necesario, ataca a sectores específicos, y castiga la prosperidad de los negocios, así como las fortunas personales a través de patrimonio.
Este Ejecutivo ha cargado contra el tursimo, la agricultura, la ganadería, la industria cárnica, el azúcar, pero también contra el sector energético imponiéndole un impuesto específico, también contra los bancos, a quienes ha impuesto otro. Tasas estas que restan competitividad a nuestras empresas frente a la competencia extranjera. Si nuestras ingenierías tienen fama mundial, el Gobierno no ha dudado en cargar contra una de las principales, Ferrovial, por su plan estratégico de cambio de sede. En definitiva. El Gobierno se ha dedicado a atacar todo aquello que genera riqueza en nuestro país.
Sin embargo, y pese a todo, el tejido empresarial español sigue siendo no bueno, buenísimo. Nuestros empresarios son apreciados a nivel internacional y algunas industrias, como la banca, las telecomunicaciones o la ingeniería son referencia en el mundo, lo que hace que sigamos teniendo cierto atractivo.
Precisamente esa vía es la que permite que los ojos de los inversores sigan mirando a España, pero el interés subyace lamentablemente no sólo por la calidad de nuestras compañías o negocios, sino porque cotizan a precios de descuento. Es como si el Ibex 35 tuviera colgado desde hace años el cartel de ¡rebajas! Compañías señeras y estratégicas españolas, como Telefónica, tienen unos volúmenes de cotización que les hacen entrar dentro del radar de las empresas de pequeña y mediana capitalización, no de las grandes multinacionales.
Para que nos hagamos una idea, la capitalización bursátil del conjunto de empresas que cotizan en el Ibex 35 se mueve en el entorno de los 600.000 millones de euros, el mismo capital que tiene bajo gestión el fondo del príncipe saudí, propietario del operador árabe STC, nuevo primer accionista de Telefónica.
El último ejemplo, el de Telefónica, es uno de los más evidentes. Es una compañía líder en el mundo que cotiza en mínimos de finales de los 90, y cuya capitalización bursátil la convierte en una pieza fácil y atractiva para inversores internacionales.
Además, el mal desempeño económico de España hace que tengamos una de las manos de obra más baratas de la UE, lo que también supone un cierto atractivo para los negocios. Es decir, que si por algo somos atractivos es por la erosión en las valoraciones de nuestras compañías.
El Gobierno se felicita ufano la llegada de capital saudí para Telefónica. Cabe recordar que no decían lo mismo cuando el interés era de un fondo de pensiones australiano (IFM) y el objetivo era Naturgy. Tampoco han salido a comentar la huída del fondo soberano de Noruega de la deuda pública española. No. Les gusta la llegada de los sauditas.