Allá por 2005, el gobierno de la ciudad de Madrid anunció que tenía previsto desarrollar cientos de viviendas en los terrenos de las antiguas cocheras del metro ubicados en Cuatro Caminos. El plan del consistorio era sencillo: se trataba de soterrar la infraestructura del suburbano y, a renglón seguido, aprovechar una superficie de 40.000 metros cuadrados para construir obra nueva.
Aunque la iniciativa tenía todo el sentido del mundo, lo cierto es que el proyecto pareció quedarse "dormido" durante un sexenio. Al fin, llegado el mes de febrero de 2011, la corporación adoptó un acuerdo municipal que puso en marcha el proceso de transformación del recinto, con la mirada puesta en conseguir la aprobación definitiva en septiembre u octubre de ese mismo año.
La iniciativa, que aspiraba al desarrollo de casi 450 viviendas, siguió paralizada por la indecisión política, la burocracia municipal y las complicaciones del aberrante sistema urbanístico español, que interviene de forma exhaustiva todas las fases del proceso de desarrollo de vivienda. Así, la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital no llegó hasta 2014 y requirió también el visto bueno de la Comunidad de Madrid.
Habían pasado nueve años desde que el gobierno local comunicó por primera vez su disposición a acometer esta operación urbanística y tres años desde el acuerdo de gobierno que debía poner en marcha su desarrollo. Los cambios introducidos en el PGOU daban luz verde a la actuación, de modo que la corporación municipal acometió la venta de los terrenos, por valor de 88 millones de euros, y delegó el desarrollo en la compradora del suelo, la cooperativa Metropolitan. El consistorio comprometió entonces que 60 de las viviendas fuesen protegidas.
Ana Botella había resuelto en unos pocos años el bloqueo observado en los años de su predecesor, Ruiz Gallardón. Sin embargo, llegado el año 2015, el nuevo gobierno municipal de Manuela Carmena paralizó nuevamente la operación, en línea con el obstruccionismo urbanístico que caracterizó la gestión de la alcaldesa comunista. Esta situación dilató más aún la aprobación de la operación urbanística, que quedó paralizada por completo hasta la llegada a Cibeles de José Luis Martínez Almeida.
El nuevo alcalde puso fin a esta situación en julio de 2019, con la aprobación de un nuevo plan de obras que dejaba a disposición del consistorio más suelo finalista en el que se podían construir otras 70 viviendas más, con la construcción de una torre de más de 30 plantas de altura. Sin embargo, el proceso tampoco quedó resuelto de esta forma, puesto que la justicia estimó en 2022 un recurso de una asociación ciudadana que reclamaba la necesidad de acompañar el proceso con una memoria de económica.
El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid se vio obligada a empezar otra vez de cero. Así, entre 2022 y 2023 se ha redactado una nueva modificación del PGOU con ánimo de desbloquear definitivamente el proyecto. De momento, la comisión del ramo ha dado su visto bueno y el pleno municipal hará lo propio antes de octubre, de modo que la iniciativa vuelve a encarar una fase avanzada en su tramitación. Sin embargo, los tiempos de construcción exigen al menos tres años más de espera para que el proyecto sea una realidad. Por lo tanto, el proyecto anunciado en 2005 no será una realidad antes de 2025. Dicho de otro modo, habrán pasado más de veinte años y en Cuatro Caminos seguirán esperando a que la iniciativa quede finalmente completada.
El lamentable modelo urbanístico español
El caso de las cocheras de Cuatro Caminos nos recuerda una vez más que, lejos de estar liberalizado, el suelo en España está totalmente intervenido por las Administraciones Públicas, que afectan a todo el proceso urbanístico desde la raíz. En condiciones normales, desarrollar obra nueva en nuestro país supone entre diez y doce años de espera.
En el caso de Madrid, el tapón burocrático hace que la brecha entre la oferta y demanda de vivienda sea tan abultada que oscila entre las 214.000 y las 285.000 unidades. Al ritmo actual de construcción, resolver esa tensión no sería posible hasta que transcurran quince años. Los gobiernos autonómico y municipal han modificado su normativa para intentar atajar esta situación, facilitando el desarrollo de más de 163.000 nuevas viviendas y poniendo fin al nefasto parón de los años de Carmena.
Con todo, es importante que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid tomen en consideración el déficit que seguirá existiendo incluso cuando se completen las nuevas viviendas planteadas. A la luz del lamentable episodio de Cuatro Caminos, las autoridades autonómicas y locales harían bien en modificar sus actuales leyes y normas, con ánimo de favorecer un shock de oferta que incremente significativamente el número de viviendas desarrolladas a base de favorecer desarrollos mucho más ágiles.