El Gobierno francés está inmenso en una guerra intervencionista con el objetivo de intentar controlar la inflación. A principios de septiembre anunciaron su intención de congelar el precio de más de 5.000 productos dejando libertad a los distribuidores para definir su propia cesta básica y su precio, pero con el compromiso de someterse al control estatal para verificar que los precios no suben. Ahora dan un paso más y también prohibirán que modifiquen la cantidad.
La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha anunciado en una entrevista en Le Parisien que a partir de noviembre se prohibirá la reduflación, también conocida como shrinkflation (en inglés) o interdire (en francés): "Es impactante. Y vamos a prohibirlo. A partir de noviembre, todos los productos afectados por cambios en la cantidad tendrán que informar esto en las etiquetas para dejar de engañar al consumidor", ha afirmado Borne.
La legislación que regula el etiquetado de los productos en Francia, al igual que en España, ya obliga a especificar el peso neto. Pero eso no parece ser suficiente para el gobierno francés, que considera "un engaño" el hecho de que las empresas reduzcan el tamaño de los envases.
También el ministro de Economía, Bruno Le Maire, se expresaba en este sentido hace varias semanas en declaraciones a France Info: "Obligaremos a los fabricantes a marcar de forma muy visible que ha habido un cambio en el contenido del paquete".
La reduflación es una estrategia de las empresas que, ante el aumento del coste de las materias primas, han optado por reducir el tamaño de los productos como alternativa a una subida de precios que podría suponer una pérdida de cuota de mercado frente a la competencia. Los compradores, que suelen ser sensibles al precio, no suelen serlo tanto con los cambios sutiles en el envase y son menos propensos a notar que reciben menos cantidad si el precio es el mismo.
Gasolineras en pie de guerra
Pero el sector alimentario no es el único soliviantado con las propuestas del Gobierno francés. A comienzos de este mes, el Gobierno francés propuso autorizar la venta de combustible a pérdidas a partir de diciembre y por un período de seis meses, para compensar la subida de precios causada por el aumento de la cotización internacional del petróleo.
Los distribuidores se negaron. Argumentaron que las gasolineras de los grandes hipermercados podrían permitírselo, pero no es el caso de las estaciones de servicio independientes. Finalmente, Emmanuel Macron tuvo que recular y apostó por dos medidas: que los distribuidores vendan los carburantes a precio de coste y, en segundo lugar, ayudas de 100 euros al año para los ciudadanos de menores ingresos que necesiten el automóvil para acudir al trabajo.
Las empresas petrolíferas francesas ya han respondido que vender los carburantes a precio de coste, apenas supondría una modificación de precios: "Bajarían en torno a un céntimo por litro", dijo este lunes el presidente de la asociación que reúne a las empresas petrolíferas francesas (UFIP), Olivier Gantois, a la emisora pública France Info.
Gantois también dijo que, si bien algunos refinadores han anunciado algunas medidas para bajar el precio, no puede esperarse "un efecto concertado" por ese lado, ya que el precio de los carburantes depende esencialmente de la cotización internacional del petróleo.