Los funcionarios quieren más. El sindicato CSIF pedirá en la próxima legislatura una jornada laboral de 35 horas a la semana y un nuevo acuerdo salarial. Desde el sindicato tampoco descartan volver a la huelga si no logran sus exigencias.
Bajo el lema "igual trabajo, igual salario", el sindicato defiende que estas nuevas exigencias obedecen a tres grandes preocupaciones: la temporalidad, la falta de reposición y la lentitud de los procesos selectivos. Así lo ha expresado Miguel Borra, presidente de CSIF, que ha expuesto que es necesario suprimir la tasa de reposición para contribuir a la creación de empleo neto, además de encontrar una "solución a la temporalidad", agilizar los procesos selectivos y diseñar adecuadamente las plantillas en relación con las necesidades de la ciudadanía con una "planificación plurianaual a varios años de las ofertas de empleo público".
Asimismo, CSIF ha defendido unas "pensiones públicas dignas", proponiendo de hecho que se inicien los trámites de jubilación anticipada para los trabajadores ocupados en actividades de riesgo, además de que se desarrolle una regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, se fije un porcentaje adicional del 5% anual para quien decida prolongar su vida laboral y la aplicación y se incluya un complemento de la brecha de género a las jubilaciones parciales y voluntarias.
Con todo, piden también al Gobierno que se incremente la financiación del concierto sanitario del mutualismo administrativo en Muface y Mugeju correspondiente al periodo 2022-2024 (puesto que consideran que este sistema está infrafinanciado) y se haga valer el acuerdo sobre el desarrollo del teletrabajo en la Administración General del Estado firmado en abril de 2021.
Ingente gasto en sueldos públicos
Hoy España cuenta con más 3 millones de funcionarios y gasta un 20% más en sueldos públicos que la media de la OCDE. De esta forma, un 51,7% del total de costes de producción del Gobierno va destinado directamente a los empleados públicos, frente al 43,2% que de media supone para el conjunto de países de la OCDE (8,5 puntos porcentuales menos). En concreto, somos el octavo país de la OCDE que más gasta en los sueldos de los funcionarios, de acuerdo con los datos de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, superados únicamente por México (72,7%), Costa Rica (70,9%), Lituania (55,1%), Dinamarca (53,7%), Portugal (53%), Eslovenia (52,1%) e Islandia (52%).
No obstante, esto parece no ser suficiente, porque a lo largo de 2024 aumentarán un 2% (con la con la posibilidad de que se vean incrementados otro 0,5% en octubre) fruto del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado por el sindicato y UGT con el Gobierno en la Mesa General de las administraciones públicas.
Del mismo modo, el teletrabajo se ha disparado entre los funcionarios, de acuerdo con Servimedia en base a los datos de la última edición del Informe de seguimiento del trabajo a distancia de la Secretaría de Estado de Función Pública, que depende del Ministerio de Hacienda. En este sentido, cabe destacar que en julio casi el 44% de los funcionarios de la Administración General del Estado teletrabajó, lo cual supuso un incremento del 48,1% con respecto a noviembre del año pasado y un 12,5% más que en junio de este mismo año.
¿Faltan funcionarios?
Desde el sindicato aseguran que en España faltan 400.000 empleados públicos, puesto que, explican, según la OCDE el nivel de empleados públicos en España es dos puntos porcentuales inferior a la media del conjunto de países más desarrollados del mundo. "No somos muchos empleados públicos, faltan empleados públicos en España", expresan.
Se olvidan de lo que al principio señalábamos: que el gasto en sueldos públicos es 8,5 puntos mayor en nuestro país que la media de la misma Organización. ¿Estarían dispuesto entonces a bajarse sus sueldos para poder incrementar el número de funcionarios y, de esta forma, acercarnos a los estándares de la OCDE en ambos términos, no sólo en el que más les conviene? Naturalmente, no, puesto que, como hemos visto también, el próximo año los sueldos públicos aumentarán de nuevo por lo menos otro 2%.
Sin embargo, es sencillo demandar esta clase de condiciones y exigencias a costa de la aportación que realiza el sector privado en la economía, de los impuestos de los contribuyentes y la verdadera riqueza económica, que no la crea en ningún caso el sector público. Pero el sistema no es sostenible ad infinitum.