El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada y en plena campaña electoral un Real Decreto con una de las mayores oferta de empleo público (OEP) que se recuerdan. Se trataba de la correspondiente al año 2023 y las plazas ofertadas para trabajar en la Administración del Estado se elevaban a 39.574, un 15,8% más que en la oferta de empleo público de 2022. Las acusaciones de electoralismo no tardaron en llegar. Y ahora llega la constatación: no sólo es que se hiciera en plena recta final electoral del 23-J. Es que en las negociaciones previas se solicitó a los sindicatos que relajaran sus críticas crecientes y movilizaciones en el tramo final de las elecciones. Traducido: paz a cambio de puestos públicos.
El Gobierno no tardó en vender su oferta. Una oferta que se convierte en norma y condiciona al siguiente Gobierno, sea del signo político que sea. Desde Moncloa destacaron de inmediato que la oferta reforzaba todos los departamentos de la Administración General del Estado, desde "la Administración de Justicia", hasta "el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las Fuerzas Armadas".
Pero el Gobierno se anotó el tanto en exclusiva y señaló en un comunicado que se trataba de "un proceso diseñado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el que se ha incorporado una tasa de reposición adicional a la ya existente para lograr una creación de empleo neta en la Administración".
Su nota, eso sí, admitía que se había acordado "con los sindicatos UGT y CSIF en el marco de la Mesa General de negociación entre sindicatos y Administración" y que implicaba "el tercer récord consecutivo en número de plazas convocadas tras las de 2021 y 2022".
"Del total, 27.246 puestos corresponden al turno libre, destinado a quienes quieran incorporarse a la Administración. Sobre esa cifra, hay que resaltar que 18.621 puestos son para cumplir con la tasa de reposición y evitar la pérdida de personal, mientras que las restantes 8.625 servirán para crear empleo neto. Las otras 12.328 de la cifra total de la OEP serán para promoción interna", puntualizó el Gobierno.
Pues bien, la negociación dejó hueco para una petición por parte de los enviados del Gobierno: que se aliviará la presión de las huelgas y movilizaciones de los últimos tiempos en la última semana electoral.
Y el regalo es sensible: la oferta se incrementa en más de un 15%. Se prevén 2.500 plazas para la Seguridad Social y un refuerzo generalizado de la atención a la ciudadanía, con un incremento del 30 por ciento de las plazas para funcionarios de los cuerpos C1 y C2. Y se agilizan -en teoría- los procesos selectivos y la promoción interna.