Europa puede perder una carrera tecnológica por "la cerrazón ideológica" con la que se está buscando terminar con los coches de combustión. Así lo ha expresado Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en el acto de inauguración del primer electrolizador de Repsol en el centro industrial de Petronor, en Muskiz (Vizcaya), en el cual también han estado presentes el presidente de Petronor (Emiliano López Atxurra), el presidente de Kutxabank, (Antón Arriola) y el lehendakari (Iñigo Urkullu), además del consejero delegado de Petronor (Jose Gregorio Luque) y el alcalde de Muskiz (Eduardo Briones).
En estos términos, Imaz se ha referido a la normativa Euro 7 y ha alertado de que si Europa sigue con la tendencia de prohibir, las inversiones claves para la descarbonización "van a ir a Estados Unidos". Y es que lo cierto es que "mientras en Estados Unidos se está apostando por la neutralidad tecnológica, en Europa estamos en la prohibición, en la restricción". Esto supone, según Imaz, una clara diferencia, porque Estados Unidos apuesta por la estabilidad, para garantizar en buena medida la predictibilidad.
Así las cosas, lamentando la deriva tomada por Europa, Imaz asegura que no obstante Europa goza de "talento, tecnología e inversión". Por eso mismo espera que desde Bruselas finalmente se tenga "la apertura ideológica para apostar por la neutralidad tecnológica" de dejar así que quién decida cuáles serán los combustibles del futuro sea la tecnología, en lugar de la ideología.
En este mismo sentido, el consejero delegado de Repsol ha explicado que la "mayor parte de la economía mundial no se va a poder electrificar en las próximas dos o tres décadas", ya que esto resulta muy complicado en sectores como el de la aviación, el transporte -marítimo y pesado- y el del cemento, la química y el papel. Por eso mismo, explica, "vamos a tener un 50% o un 60% de la economía mundial que no se va a electrificar".
Una política ideológica altamente costosa
Estas declaraciones del consejero delegado de Repsol no hacen sino mostrar una serie de problemas que las políticas medioambientales desarrolladas desde Bruselas ya están trayendo, no sólo en materia de automóviles, sino en un gran abanico de ámbitos que van desde el transporte marítimo hasta las emisiones del cemento o acero ajeno a Europa. Lo peor de todo ello es que los costes sociales y económicos que la llamada ‘transición ecológica’ va a suponer o bien parecen dar igual a las autoridades comunitarias o no se están tomando realmente en cuenta como deberían. Así se expresó, por ejemplo, un grupo de auditores respecto del desarrollo de la energía marina, que advertía de que la Comisión no había valorado algunas de las posibles consecuencias medioambientales, como el desplazamiento de especie. Sin embargo, como publicamos en Libre Mercado, el problema es que, de hecho, resulta realmente difícil hacer una evaluación al respecto.
Por tanto, el legado que dejará la transición ‘verde’ será, principalmente, de mayor pobreza y restricciones, pues todo está resultando más caro y, del mismo modo, se están desarrollando prohibiciones sobre cualquier cosa, incluida la purina, afectando además a productos que usamos en nuestro día a día, como los cosméticos, los detergentes y los suavizantes. Difícilmente, por otra parte, estas políticas medioambientales nos dejen un mundo idílico y más ‘verde’, pues estos ‘esfuerzos’ ecologistas se hacen inútiles ante un contexto mundial donde sólo Europa se sacrifica.
La contaminación no tiene fronteras, y China, por ejemplo, no tiene reparo en continuar con su modelo de producción, pues recientemente ha aprobado la creación de nuevas centrales de carbón. Pero es aún peor la hipocresía con la que en enero se expresó el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, quien explicó que "nuestra democracia" había no comprar coches de combustión dentro de Europa después del 2035, pero que podremos seguir produciéndolos para exportarlos.
Así, Europa está garantizándose a ella misma su propio declive. Ya no sólo es que se estén disparando los costes de casi todo y que se estén restringiendo un gran número de libertades civiles y económicos, sino que, además, se haga, simplemente, de acuerdo a un discurso puramente ideológico.
Reacciones y demandas
Ante este panorama, algunos países y ciertas corporaciones están alzando la voz para expresar su disconformidad. En este sentido, la semana pasada el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, apuntó directamente contra la "locura climática impulsada por la UE" en unas declaraciones realizadas ante la prensa en la central eléctrica de Nowy Czarnów. Este mismo país fue el único que se opuso en la votación en la que se aprobó definitiva mente prohibir la venta de coches y furgonetas de gasolina y diésel a partir de 2035.
Del mismo modo, otros países también están tratando de retrasar la aplicación de las nuevas medidas, como Reino Unido, cuyo primer ministro, Rishi Sunak, anunció recientemente que derogará o retrasará parte de las medidas tomadas contra las emisiones. Además, ya se han presentado sendas demandas contra la Unión Europea por estas iniciativas, como la interpuesta por un grupo de empresas alemanas dedicadas al desarrollo de combustibles neutros en carbono.