El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha fallado nuevamente contra los intereses del gobierno de Pedro Sánchez. La magistratura británica considera que nuestro país no puede exigir el pago de la indemnización por la catástrofe del Prestige estipulada por el Tribunal Supremo de España, puesto que el caso ya ha sido juzgado previamente en las islas a través de un arbitraje cuyo laudo fue emitido en 2013.
El desastre ecológico de 2002 fue juzgado en nuestro país y se saldó con derrota de la aseguradora del barco petrolero, London P&I Club. A la compañía se le impuso el pago de una compensación valorada en 855 millones de euros. No obstante, el contrato que regulaba las actividades del Prestige también contemplaba la posibilidad de dirimir cualquier tipo de disputa legal a través de procedimientos internacionales de arbitraje. London P&I Club activó esta cláusula y puso en marcha un proceso que llegó a su fin en 2013, cuando se emitió un laudo que exime a la aseguradora de pagar la citada compensación.
El lío jurisdiccional estaba servido y la situación se siguió enredando, hasta el punto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció al respecto en 2022 y dictaminó que la sentencia española prevalece sobre el arbitraje británico. El TJUE opinó que, de lo contrario, "se privaría a la parte perjudicada de lograr la reparación efectiva del daño sufrido".
Pues bien, con estos antecedentes, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha emitido un nuevo fallo en el que determina que reconocer la sentencia española violaría el principio de res judicata o asunto ya juzgado. De esta forma, la magistratura da por bueno el arbitraje que eximía a London P&I Club y el pago de la indemnización queda bloqueado. La decisión no es definitiva, puesto que el gobierno español aún puede recurrir.
El impacto de la decisión en el lío de las renovables
Pero el problema no acaba ahí. Libre Mercado ya avanzó en febrero que las empresas afectadas por el impago de las indemnizaciones que condenan a España a resarcir con 1.200 millones a las compañías que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables han solicitado el embargo de la indemnización del Prestige. Una nueva sentencia emitida en primavera reforzó esta postura.
No obstante, el nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales sobre la situación legal de la indemnización del Prestige ha dejado la eventual incautación de dicho pago en un verdadero limbo jurídico. Y es que, por un lado, los tribunales consideran que, en caso de efectuarse, las empresas que han sufrido los impagos del gobierno de Sánchez tienen derecho a intervenirlo pero, al mismo tiempo, la justicia británica está poniendo en tela de juicio que dicho desembolso de 855 millones sea procedente debido al resultado de un arbitraje que contradice la sentencia emitida por el Tribunal Supremo español.