Los datos oficiales de la Agencia Tributaria han desmentido otro de los últimos bulos de la factoría de Yolanda Díaz. La reconfirmada vicepresidenta laboral de Pedro Sánchez ha vuelto a la carga con una subida de impuestos de nada menos que 60.000 millones, tal y como detalla el acuerdo de gobierno firmado entre Sumar y el PSOE. Es más, ha cargado contra unos supuestos beneficios empresariales "indecentes" y ha anticipado otro saqueo fiscal a las empresas. Pero los datos de Hacienda desvelan que los bases imponibles del Impuesto de Sociedades -conformadas por los beneficios empresariales- no llegan aún a recuperar los niveles de 2006 ó 2007, los previos a la crisis de 2008.
Las bases imponibles de las empresas en el Impuesto de Sociedades han alcanzado en 2022 los 151.456 millones, según los datos de la AEAT. Es verdad que se trata de una subida con respecto al año previo -en 2021 quedaron en 125.594 millones de euros-. Pero lo que no cuentan desde el Gobierno es que siguen sin recuperarse, ni siquiera, frente a los años 2006 y 2007, los previos a la crisis de 2008, momento en el que España alcanzó uno de sus niveles más altos en materia de beneficios empresariales. Es decir, que más de tres lustros después, España sigue sin retomar el ritmo perdido en aquella época.
Por lo tanto, efectivamente los beneficios empresariales son mayores a los cosechados en el covid, por pura lógica, pero la triste realidad es que hemos perdido el ritmo generado a comienzos de los años 2000. Y eso el Gobierno lo oculta.
Y esa ocultación tiene un fin: el de justificar nuevos saqueos fiscales cuando pueden hacer un daño aún mayor a la economía española y a la implantación de empresas.
Así, el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para formar el Gobierno de coalición incluye, entre otras medidas, un nuevo paquete de subidas de impuestos a aplicar en la siguiente legislatura. No les parece suficiente el histórico incremento fiscal que han asestado a familias y empresas en los últimos cuatro años y el Gobierno pretende ahora impulsar una "reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura". Esos cuatro puntos adicionales de recaudación supondrían un nuevo hachazo fiscal de hasta 60.000 millones de euros, en términos constantes -a valor de hoy, descontando inflación-. En concreto, los ingresos del sector público subirían de los 610.000 previstos a cierre de año a un total de 670.000 millones, casi un 10% más.
Aunque se trata de medidas muy generales, pendientes aún de concretar y desarrollar, el acuerdo de investidura incluye toda una larga lista de subidas de impuestos. Por ejemplo, extenderá los impuestos extraordinarios sobre bancos y energéticas, a pesar de que se aprobaron con carácter temporal para 2023 y 2024.
También regulará una "nueva tributación de la riqueza" en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la "competencia fiscal desleal" entre territorios, lo cual, más allá del nuevo Impuesto de Patrimonio, abre la puerta a nuevas armonizaciones fiscales, como Sucesiones y Donaciones. Habrá nuevas subidas del IRPF, especialmente sobre las rentas del capital.
También se elevará el Impuesto de Sociedades para alcanzar el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas. Se intensificará la "fiscalidad verde" con la excusa de la "transición energética" y la "descarbonización de la economía" para combatir la "emergencia climática". Y se aprobará un "Plan de Fiscalidad Saludable", consistente en subir los impuestos de ciertos productos con la excusa de la salud, como, por ejemplo, ciertos alimentos.