Nadia Calviño deja su cargo en España para afianzarse en el erario público europeo del BEI. Y lo hace cuando la polémica arrecia sobre la falta de transparencia en la asignación de los fondos de la UE en España y, ahora, justo cuando, además, la UE admite que debe incrementar el control en el fraude existente en la asignación de esos mismos fondos.
El Comité de Control Presupuestario acaba de elaborar informe anual contra el fraude para 2022. Se trata del documento que evalúa "los esfuerzos de la UE para combatir el fraude y las medidas necesarias proteger y controlar mejor los fondos de la UE".
En el informe, la Comisión de Control Presupuestario no ha dudado en hacer hincapié en el gran riesgo existente "para los intereses financieros de la UE por culpa del nepotismo mostrado al adquirir fondos de la UE".
El texto aprobado señala dos partidas económicas dudosas: "Los fondos de la UE para la asistencia en países no pertenecientes a la UE y el dinero asignado para afrontar la respuesta de Europa a la agresión de Rusia contra Ucrania. Y en ambos señala que "no se supervisan ni controlan adecuadamente". El texto, de hecho, hace un llamamiento a la Comisión Europea para que "lleve a cabo controles más exhaustivos para garantizar que los fondos de la UE terminen yendo a los más necesitados".
En particular, los eurodiputados de esta entidad han mostrado su preocupación por el aumento de las irregularidades que afectan al Instrumento de Asistencia de Preadhesión (IPA) y piden a la Comisión que también adopte "cualquier acción futura a prueba de fraude, como en el caso de Ucrania, que recibirá recursos significativos de la IPA y Horizon Europe".
A los eurodiputados igualmente les preocupa que "los intereses financieros de la UE no estén bien protegidos en la RRF, debido a los fallos en los sistemas de presentación de informes y control de los Estados miembros, las características inherentes del modelo de gasto de la RRF, que presenta dificultades para evaluar la tasa de error, y las limitaciones de la metodología de suspensión de pagos de la Comisión".
Las encuestas de la UE sobre corrupción de 2022, de hecho, han revelado que la corrupción sigue siendo una grave preocupación para los ciudadanos y las empresas de la UE, y muchos ciudadanos creen que la corrupción está muy extendida en su país (68%) y que el nivel de corrupción ha aumentado (41%).
El número de casos de fraude e irregularidades notificados por las autoridades nacionales y de la UE "aumentó ligeramente en 2022 en comparación con 2021, mientras que, al mismo tiempo, la financiación afectada relacionada con estos casos en 2022 disminuyó a 1.770 millones de euros (de 3,24 euros en 2021)", según señala el mismo informe.
Mientras, la "tasa de recuperación en 2022 para los casos fraudulentos y no fraudulentos fue de sólo del 48% (en comparación con el 54 % de 2021).
Hay que recordar que, tras semanas de solicitar datos a la Administración española, se ha sabido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido recientemente a la Comisión Europea el listado de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos. Y los datos muestran que cerca del 60% de los grandes receptores de los fondos Next Generation pertenecen al sector público y que Adif es la entidad que más financiación ha recibido. No las empresas privadas.