Las plataformas de venta de segunda mano y economía colaborativa (como lo son Wallapop, Airbnb, Vinted o eBay), tendrán la obligación de informar a Hacienda sobre la actividad de sus usuarios y los ingresos obtenidos por los mismos a partir del 1 de enero de 2024.
Así lo exige la Directiva de la Unión Europea 2021/514 de 22 de marzo de 2021 (conocida como DAC7), por la cual se modificó la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Y es que ante la proliferación de este tipo de plataformas, las autoridades comunitarias no han podido resistirse a hincarles el diente y gravar las transacciones que se producen a través de ellas.
De hecho, en nuestro país el Gobierno ya aprobó en diciembre de 2022 la trasposición de la DAC 7, mediante la que se recogía "el mandato de facilitar el intercambio de información fiscal obtenida a través de estos operadores digitales" y se establecía "una nueva obligación de información respecto de los operadores de las plataformas digitales". Así, se señalaban tres tipos de obligaciones: las normas y procedimientos que deberán aplicar los operadores sobre los vendedores para la obtención de determinadas informaciones, la obligación de registro en el censo y la obligación de suministro de información a la Administración tributaria.
Información personal y datos bancarios
Como señalan en sus portales web las propias plataformas (Airbnb, Wallapop, eBay), éstas tienen "la obligación de recopilar información sobre los usuarios registrados como anfitriones en la plataforma para cumplir con las obligaciones de transparencia fiscal que estipula la Directiva" obligando por tanto a que estas plataformas "compartan con las autoridades fiscales "cierta información sobre sus vendedores".
De este modo, si se trata de un particular, estas plataformas requerirán del nombre y los apellidos completos, la dirección de residencia habitual, el NIF y dónde se emitió, además del lugar y fecha de nacimiento y, en el caso de aquellos que tengan la obligación de aportar los datos del IVA, como es el caso de los autónomos, también solicitará el número de identificación del IVA del "vendedor sujeto a comunicación de información".
En el caso de que los vendedores estén haciendo uso de la web como personas jurídicas, se les solicitará la razón social, la dirección principal de la entidad, el NIF y dónde se expidió, el número de identificación del IVA, el número de registro y la ubicación de cualquier establecimiento en la UE.
No obstante, la cosa no queda ahí, porque las plataformas también tendrán que trasladar a las autoridades el número de cuenta bancaria (o el número de la de tarjeta vinculada a la cuenta), el nombre del titular si éste fuera otra persona, la cantidad total de dinero obtenido por cada trimestre, el número de ventas realizadas cada trimestre y, además, cualquier tasa, impuesto o comisión retenida o cobrada.
No afectará a todos
Precisamente, la popular plataforma Wallapop informaba a los usuarios de que "a partir del 1 de enero de 2023, Wallapop está obligada a recopilar, verificar y comunicar información a las autoridades fiscales sobre determinados vendedores que utilizan nuestra plataforma", una información que será comunicada cada año. Por tanto, con la entrada del 2024, esta plataformas harán sus primeras comunicaciones a las autoridades fiscales.
Así las cosas, las actividades que serán objeto de esta regulación son el arrendamiento de bienes inmuebles, los servicios personales, la venta de "bienes" y el arrendamiento de cualquier medio de transporte. Pero ¿a quién afectará en concreto? Como informan en sus respectivas webs Wallapop, eBay y Vinted, los usuarios que a lo largo del año hayan vendido más de 30 productos o hayan recibido más de 2.000 euros serán quienes se verán afectados por esta nueva regulación. De hecho, si se cumple alguno de estos requisitos, la propia plataforma informará al usuario para que proporcione la información requerida.
Claro está, el usuario puede negarse, pero si transcurren 60 días desde la solicitud (al menos, en el caso de Wallapop) y los clientes no han aportado la documentación, la cuenta quedaría bloqueada (pudiendo ser restablecida sólo si se aporta la información pedida) e, incluso, "las autoridades podrían tomar otras medidas", siendo también objeto de sancionas la aportación de información "errónea, incompleta o incorrecta".
En este sentido, la consultora PWC destaca que, sin embargo, "existen ya en nuestro ordenamiento, desde julio de 2021, reglas mediante las que se incorpora a las plataformas digitales al sistema de gestión y recaudación del IVA", a lo cual se le deba añadir "la reciente iniciativa de la Comisión Europea con el fin de adaptar el IVA a la nueva era digital, conocida como ViDA, uno de cuyos ejes de actuación gira, precisamente, en torno a las plataformas digitales".
Tal y como se puede leer en la Directa del Consejo, el documento manifiesta implícitamente el afán recaudatorio de la nueva normativa, pues en él se declara que "el cumplimiento de las obligaciones tributarias es insuficiente y el valor de las rentas que no se comunican es significativo", pues, según el Consejo "la comunicación de las rentas obtenidas mediante dichas actividades debe proporcionar a las administraciones tributarias la información exhaustiva necesaria para calcular correctamente el impuesto sobre la renta adeudado".
Con todo, no obstante, en el documento del Consejo el propio organismo reconoce el problema de la falta de información, que afecta siempre a todo regulador, viéndose obligados a hacer cómplices a las plataformas de la recopilación todos los datos anteriormente señalados. "Los operadores de plataformas están mejor posicionados para recopilar y verificar la información necesaria sobre todos los vendedores que operan en una plataforma digital específica y se sirven de ella", admitían.