Malas noticias para los propietarios que tengan alguna vivienda en alquiler. En el año 2024 entra en vigor el golpe fiscal a los caseros que incluyó el Gobierno de PSOE y Podemos en la Ley de Vivienda por la puerta de atrás.
Actualmente, los dueños de vivienda en alquiler pueden beneficiarse de una reducción en el IRPF del 60% en los ingresos que obtiene cada propietario en el periodo impositivo correspondiente y que se declaran cada año como rendimientos de capital inmobiliario. Para poder aplicarse esta reducción, el único requisito es que el piso alquilado sea la vivienda habitual del inquilino.
Sin embargo, en la Ley de Vivienda, que el Ejecutivo de Sánchez aprobó el pasado año, se incluía un apartado que rebajaba esa reducción del 60% al 50%. Entonces, ni el Gobierno ni Hacienda especificaron si esta subida de impuestos a los propietarios incluía a todos los contratos de alquiler en vigor o sólo a los nuevos, lo que generó un gran revuelo. Finalmente, la Agencia Tributaria aclaró hace unos meses que afecta a todos los contratos de alquiler que se firmen a partir del 1 de enero de 2024. Cabe recordar que este golpe fiscal al pequeño arrendador ya estaba incluido en el anteproyecto que elaboró el Ejecutivo en 2021 y que es ahora cuando han conseguido colarlo.
La manipulación del Gobierno
Eso sí, en el texto de la Ley de Vivienda el Gobierno ha vendido esta subida fiscal como una "mejora de la regulación del IRPF" ya que también contempla reducciones de hasta el 90% si el casero cumple unos determinados requisitos como bajar los precios o alquilar el piso a jóvenes.
Por tanto, si el dueño del piso firma un contrato al precio de mercado (la mayoría de los casos) pagará más IRPF, aunque el Gobierno prefiera ocultar esta realidad. Por ejemplo, rebajar del 60% al 50% la reducción en el IRPF supondrá un golpe de más de 240 euros al año en IRPF para un propietario que apenas tenga un sueldo de 26.000 euros al año.
Los alquileres de temporada, en el punto de mira
También respecto al alquiler, el Ministerio de Vivienda ya ha creado un grupo de trabajo previsto para regular los alquileres de temporada. El plan del departamento que ahora comanda Isabel Rodríguez es poner coto a una modalidad que ahora estaría en pleno auge.
Los alquileres de temporada son los que se determinan en los alojamientos para unos meses concretos, por motivos de trabajo, estudios, periodo vacacional (no turístico) o cualquier otra actividad. La clave de un arrendamiento de temporada es que la vivienda no se destina a vivienda habitual del arrendatario, sino que se realiza para cubrir la necesidad de vivienda por un tiempo concreto. Esta modalidad de contrato ha quedado fuera de la Ley de Vivienda de Sánchez y se ha disparado como la pólvora.
Tanto es así, que portales como Idealista responsabilizan a esta ley de haber disparado la oferta de alquileres de temporada un 40% desde su aprobación y de representar ya un 10% del total de pisos en alquiler, mientras que las viviendas en alquiler habitual habrían caído en el último año un 12%, según sus datos.
Otras compañías de alquiler, como Renta Garantizada, también confirman el boom del alquiler de temporada y señalan otros efectos perversos en el mercado. Uno de los más llamativos es que, tras la aprobación de la Ley de Vivienda de PSOE y Podemos, que incluyó cambios de calado en los procedimientos de desahucio previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la desconfianza y a la desprotección de los propietarios ante los impagos ha aumentado tanto, que algunos dueños de viviendas descartan hasta a los inquilinos con hijos por el miedo a que se declaren "vulnerables" y les sea más fácil quedarse en el domicilio sin pagar.