Pedro Sánchez no ha dejado de incrementar los impuestos, desde el punto de vista normativo y desde la recaudación. En concreto, en 99.000 millones de euros desde la llegada al poder del ahora presidente en funciones. Pero su empeño en saquear fiscalmente a empresas y particulares ha acabado provocando la asfixia económica. Y así lo muestra el informe de ejecución presupuestaria del mes de septiembre de la Intervención General del Estado, que ha plasmado una caída en la recaudación neta hasta ese mes de un 22,1% en el IVA y de un 3,8% en el IRPF. Sánchez ha estrangulado la gallina de los huevos de oro. Y lo ha hecho cuando promete gastos multimillonarios a todos los socios de investidura que pretende cerrar para seguir siendo presidente del Gobierno.
Los datos son demoledores. Tomando como referencia el cómputo de recaudación neta en el periodo entre enero y septiembre de 2023 y comparándolo con el mismo periodo de 2022, el desplome es ya sensible. En impuestos directos y cotizaciones, la caída es de un 4,6% -2.728 millones de euros menos-. Sólo en IRPF la pérdida de recaudación es de un 3,8% -1.553 millones de euros menos-.
En el conjunto de impuestos indirectos la bajada de los ingresos queda en un 19,4% -9.398 millones de euros menos-. Y sólo en IVA ese desplome asciende hasta el 22,1%: -8.587 millones de euros. Todo un batacazo provocado, en parte por leves rebajas del IVA de los alimentos y, mayoritariamente, por el clima económico generado de pérdida de poder adquisitivo de los hogares.
Otras partidas basadas en ingresos patrimoniales o enajenación de inversiones reales amortiguan esta tendencia. Pero lo cierto es que los impuestos muestran ya la evidencia de que el modelo económico de comunistas y socialistas ha empezado a gripar la actividad.
Y en medio de todo ello llega el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para formar otro Gobierno de coalición en caso de que Pedro Sánchez logre la investidura. Y ese plan incluye, entre otras medidas, un nuevo paquete de subidas de impuestos a aplicar en la siguiente legislatura. Subidas que aún asfixiarán más la actividad y la propia capacidad, incluso, recaudatoria.
Para Sánchez no es suficiente el histórico incremento fiscal que ha asestado a familias y empresas en los últimos cuatro años. A pesar de que los ingresos públicos, incluyendo impuestos y cotizaciones, han pasado del 39% al 42% del PIB entre 2019 y 2023, el Gobierno pretende ahora y con su nuevo acuerdo político impulsar una "reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura".
Estos cuatro puntos adicionales de recaudación suponen un nuevo hachazo fiscal de hasta 60.000 millones de euros, en términos constantes -a valor actual y descontando inflación-. En concreto, los ingresos del sector público subirían de los 610.000 previstos a cierre de año a un total de 670.000 millones, casi un 10% más. Claro está, si no termina de ahogar la economía.
Para ello, el Gobierno quiere prolongar en el tiempo los impuestos extraordinarios sobre bancos y energéticas, a pesar de que se aprobaron con carácter temporal para 2023 y 2024. El pacto, sin embargo, no incluye la extensión de las rebajas fiscales sobre la energía y la alimentación, cuya vigencia terminará a cierre de ejercicio, de modo que ambas facturas también subirán el próximo año para familias y empresas.
El documento avanza una "nueva tributación de la riqueza" en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la "competencia fiscal desleal" entre territorios, lo cual, más allá del nuevo Impuesto de Patrimonio, abre la puerta a nuevas armonizaciones fiscales, como Sucesiones y Donaciones. Habrá nuevas subidas del IRPF, especialmente sobre las rentas del capital. También se elevará el Impuesto de Sociedades para alcanzar el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas. Se intensificará la "fiscalidad verde" con la excusa de la "transición energética" y la "descarbonización de la economía" para combatir la "emergencia climática".
Se aprobará un "Plan de Fiscalidad Saludable", consistente en subir los impuestos de ciertos productos con la excusa de la salud, como, por ejemplo, ciertos alimentos. Y, sólo por citar alguno más de los puntos, el acuerdo también incluye un nuevo plan de acción contra el fraude, la evasión y la "elusión fiscal" -este último punto, referido a la elusión, es perfectamente legal, ya que consiste en minimizar el pago de impuestos respetando la ley-.