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Yolanda Díaz entrega al PNV por la puerta de atrás la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos

Las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su "rechazo total" a la medida y acusan al Gobierno de "falta de lealtad".

Las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su "rechazo total" a la medida y acusan al Gobierno de "falta de lealtad".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la sesión de Control al Ejecutivo que celebra el Congreso este miércoles. EFE/Juan Carlos Hidalgo | EFE

Nueva cesión del Gobierno al independentismo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha colado la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos en el Real Decreto-ley que aprobó ayer para la reforma el subsidio por desempleo.

El punto de los convenios colectivos, que no fue mencionado ayer martes por Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, había sido pactado entre el PSOE y el PNV a condición de investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Sin embargo, su aparición hoy en el BOE ha pillado por sorpresa a los agentes sociales. Cabe recordar que, en su pacto con el PNV, Sánchez también concede al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (aunque el Estado será el que siga sufragando las pensiones de los habitantes de este territorio).

"Rechazo total" y "falta de lealtad"

Las patronales CEOE y Cepyme han mostrado su "rechazo total a la aprobación, sin preaviso y desde el desprecio al Diálogo Social, de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los nacionales o de empresa, incluida en el paquete legislativo al que dio luz verde este martes el Consejo de Ministros".

Así, el Gobierno modifica el artículo 84 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. aunque el texto aprobado en el BOE "condiciona" los cambios que puedan introducir sindicatos y patronales a nivel autonómico a que mejore "las condiciones de los trabajadores" e impide negociar a nivel autonómico el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional o la jornada máxima anual,

Las dos patronales insisten en que la propia Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este "calado" en la negociación colectiva. "Cambios que, además, acordamos no incluir en la última reforma laboral que pactamos en el marco del Diálogo Social tripartito y que adoptamos como hito necesario para poder seguir recibiendo los fondos europeos previstos", añadieron las patronales.

En su opinión, el Gobierno, una vez cumplido el mandato de la UE de contar con una reforma laboral pactada con los sindicatos y las organizaciones empresariales, "se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social". "Esto demuestra una falta de lealtad y confianza imprescindible para el diálogo social", denunciaron en este duro comunicado.

A su juicio, "esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que, a nivel europeo y aún dentro de la presidencia española del Consejo de la UE, se están desarrollando para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad".

Los sindicatos, también en contra

Los sindicatos CCOO y UGT también han criticado al Gobierno esta modificación sin avisar y han denunciado que "se está produciendo un quebranto del clima de confianza" que tenían con Sánchez.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT mostraron su "preocupación" por el hecho de que una reforma de la estructura de la negociación colectiva se haya hecho "obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes".

"Cualquier variación del Estatuto de los Trabajadores debe abordarse en el marco del diálogo social con carácter previo, aun reconociendo –como no puede ser de otra manera– la capacidad legislativa que otorga nuestra Constitución tanto al Parlamento como al Gobierno a través de reales decretos leyes en situaciones de urgencia y necesidad", señalaron.

En el fondo de la cuestión, UGT y CCOO defendieron la coexistencia de distintos ámbitos territoriales de convenio colectivo, que en su opinión deben articularse en función de cada realidad sectorial. "En este sentido, los marcos autonómicos son compatibles con los estatales, pudiendo incentivarse además la racionalización de los espacios provinciales de convenio colectivo", agregaron ambas organizaciones.

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