La Junta de Andalucía carga contra la reforma del nivel asistencial del desempleo que prepara Yolanda Díaz y pide a la ministra de Trabajo que haga cumplir la ley cuando los parados rechazan una oferta de empleo considerada "adecuada" para ellos.
Y es que, que un parado pueda perder la prestación de empleo por negarse a trabajar no es nada nuevo en España, pero sólo en la teoría. Actualmente, el SEPE ya contempla como "infracción grave" lo siguiente:
Es una infracción grave: rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo, como por las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada.
Así, si esto ocurre, el parado en cuestión se enfrentaría a una primera sanción de la retirada de 3 meses de prestación. Sin embargo, la realidad es bien distinta. En la práctica es muy difícil que los servicios de empleo le retiren a los parados las prestaciones por este motivo. Ya sea porque las ofertas "adecuadas" nunca llegan, porque el concepto "adecuado" es ambiguo o porque es fácil que los beneficiarios justifiquen el rechazo, no hay castigo alguno.
Andalucía, en contra de los planes de Díaz
"Tenemos que actuar. No como comunidad autónoma, porque no tenemos competencia, pero sí a nivel nacional, del Gobierno de España. Hay utilizar las competencias que existen dentro de la Ley de infracciones y sanciones en la que quien rechace una oferta de empleo adecuada podría ver suspendida la prestación durante tres meses la primera vez, durante seis meses la segunda o la extinción total durante la tercera" ha pedido este lunes la consejera de Empleo andaluza, Rocío Blanco, en unas jornadas en Sevilla.
En este sentido, la consejera ha criticado que "es difícil determinar qué es una oferta de empleo adecuada" porque "es un concepto ciertamente indeterminado y puede conllevar cierta discusión no jurídica, pero sí tenemos que ir en esa línea y no en la línea que ahora mismo pretende el Ministerio de Trabajo, que va a propiciar la trampa de la pobreza a más de 400.000 personas". Blanco alerta de que "si se incrementa el subsidio por desempleo, si aumenta el número de beneficiarios a los que va a ir, personas que ahora mismo no se tenían en cuenta como mayores (menores de 45 años sin cargas familiares), estamos hablando de que se puede incrementar un punto el nivel de desempleados en Andalucía y eso realmente no es bueno, ha añadido la consejera.
En este sentido, Blanco ha señalado que "en el Gobierno de Mariano Rajoy, en 2012, cuando se rebajó la duración del subsidio por desempleo un 17%, se incrementaron las posibilidades de esas personas se incorporaran al mercado laboral en un 41%".
Gran choque con Calviño
Pero los planes de Yolanda Díaz respecto a las prestaciones por desempleo no sólo ha generado un choque con el PP. De hecho, hace algunas semanas salía a la luz el primer enfrentamiento económico dentro el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, y el motivo era a reforma del nivel asistencial del desempleo, es decir, de los subsidios que perciben los parados cuando han agotado la prestación contributiva.
Eran Nadia Calviño y Yolanda Díaz las que se enfrentaban por esta norma que el Gobierno debe enviar próximamente a Bruselas. La líder de Sumar se enfadó sobremanera con su compañera de equipo porque Calviño estaría preparando "recortes" en las prestaciones por desempleo cuando ella planeaba "todo lo contrario". Los cruces de acusaciones entre ambos ministerios han sido constantes.
En concreto, Yolanda Díaz pretende elevar en 2024 el subsidio del paro y disparar el número de beneficiarios por esta prestación no contributiva. Así, Trabajo quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción. No han evaluado el aumento del coste de la medida, aunque admiten que será mayor.
Entre otros detalles, la líder de Sumar pretende añadir a los actuales 710.662 beneficiados por este subsidio a todos los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000 más) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000 extra), lo que dispararía el número de beneficiados.