El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) agrupa a los ministros de Economía de la Unión Europea y se encarga de la gobernanza comunitaria en dicho ámbito de actuación. En su reciente reunión del pasado 20 de diciembre de 2023, dicho ente logró fraguar un principio acuerdo sobre la reactivación de las reglas fiscales aplicables a los países a partir de 2024.
El pacto deberá ser refrendado por el Parlamento Europeo a lo largo del primer trimestre del año. Sobre el papel, lo acordado por el ECOFIN plantea que los países con un déficit de más del 3% del PIB y una deuda superior al 60% del PIB deberán reducir estos desequilibrios a un ritmo anual del 0,5% del PIB. Sin embargo, cuando la Comisión Europea determine que la situación fiscal de un país presenta un descuadre considerable entre ingresos y gastos, la austeridad recetada por Bruselas podría exigir un recorte del 1% anual. Para tales escenarios, se fijará como objetivo el reducir el déficit al 1,5% del PIB, aunque las nuevas reglas tomarán en cuenta los intereses de las emisiones de deuda y podrán suavizar el ajuste por un monto equivalente a 0,2 puntos del PIB.
El mecanismo suena complicado, pero será más asequible cuando ya esté definido, puesto que el ECOFIN quiere basar todo en una regla de gasto que fije límites claros al aumento de los desembolsos públicos en periodos de cuatro a siete años. En cierto sentido, esto supone replicar el modelo que ha funcionado en España a la hora de mejorar el control de las cuentas municipales, al calor de la reforma constitucional de 2011 y de la regla de gasto que situó a buena parte de nuestras corporaciones locales en una situación de superávit.
Desde sus orígenes, la adhesión a la UE y la Eurozona llevaba aparejado el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exigía moderar la deuda pública por debajo del 60% del PIB y controlar el déficit en niveles inferiores al 3% del PIB. Tras la pandemia del coronavirus, las instituciones europeas suspendieron la aplicación de tales objetivos con el compromiso de reactivarlos nuevamente en 2024.
La situación que ahora presentan las finanzas públicas de los gobiernos europeos después de cuatro años sin supervisión fiscal por parte de Bruselas es de lo más dispar. Según el informe del Día de la Deuda que elabora el Instituto Juan de Mariana, la deuda pública ha subido en la UE un promedio de 6 puntos del PIB entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2023, pero el incremento ha sido de casi 15 puntos en el caso de España. El dato de nuestro país solamente lo supera Francia y se compara con aumentos de 9 puntos en Italia, 6 en Alemania o 2 en Polonia.
De hecho, no todos los países han "aprovechado" la suspensión de las reglas europeas de estabilidad presupuestaria para disparar sus pasivos públicos, puesto que un total de ocho socios de la UE han reducido su deuda pública en los últimos años. Es el caso de Países Bajos (-0,3 puntos de PIB), Croacia (-1,5), Portugal (-2,8), Suecia (-3,8), Dinamarca (-4,3), Chipre (-6,8), Grecia (-12,3) e Irlanda (-13,6). Lo vemos en la siguiente tabla:
España, a un abismo de cumplir con Europa
Aunque el ECOFIN no ha llegado a un acuerdo aún, la propuesta que se está negociando obligaría a los países con un endeudamiento superior al 90% del PIB a recortar dicho indicador a un ritmo anual del 1%, mientras que las economías donde los pasivos públicos se muevan entre el 60% y el 90% del PIB tendrían que hacer un ajuste más suave, del 0,5% por año. En cuanto al déficit, para los países con una deuda superior al 90% se aplicaría un descuadre presupuestario máximo del 1,5% del PIB, en vez del 3%, mientras que el límite correspondiente a las economías con una deuda comprendida entre el 60% y el 90% del PIB se situaría en el 2%.
Si nos ceñimos al Plan Presupuestario para 2024 que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez, encontramos que la previsión de déficit es del 3,9% para 2023 y del 3% para 2024, mientras que el peso de la deuda se situará en el 108% y el 106%, respectivamente. Huelga decir que estos datos, sin duda "inflados" al alza como acostumbra el Ejecutivo, nos sitúan a años luz de los objetivos de referencia que está perfilando Bruselas.
De hecho, esta semana hemos conocido las previsiones del Instituto de Estudios Económicos (IEE) para el próximo año y, según el think tank asociado a la CEOE, el desequilibrio presupuestario será más alto de lo que anticipa el gobierno de Sánchez, alcanzando el 4,3% del PIB en 2023 y el 3,8% en 2024.
Este desbarajuste fiscal supera holgadamente los horizontes de referencia diseñados por el ECOFIN y sitúa a España en una situación imposible, con el agravante de que los ingresos tributarios están en máximos históricos. Además, aunque el gobierno estaría obligado a acometer una reducción del ratio deuda/PIB a razón de 1 punto de PIB por año, el último informe de la AIREF alerta del enquistamiento de los pasivos de las Administraciones en el entorno del 106% del PIB.
De modo que, si comparamos los niveles de déficit y deuda que espera el ECOFIN (1,5% y 60% del PIB con reducción anual de la deuda a un ritmo del 1% por año) con el cuadro que se espera para España (déficit cercano al 4% del PIB, deuda enquistada en el 106% del PIB), encontramos una situación de lo más preocupante, puesto que hay un auténtico abismo entre el escenario regulado por nuestros socios y la situación que presentan las cuentas públicas del país.
En Bruselas son conscientes de esta circunstancia. El pasado 21 de noviembre, la Comisión Europea alertó de que nuestro país presenta una situación presupuestaria "muy difícil" y pidió al gobierno que presente "un plan de ajuste creíble". Sin embargo, ha pasado un mes desde tal advertencia y, de momento, el gobierno sigue viviendo al margen de la realidad.