Ya avanzaron en campaña que no habría vuelta atrás y el Gobierno lo ha confirmado: este miércoles, en el último Consejo de Ministros del año, el Ejecutivo ha aprobado el Séptimo Plan de Residuos Radiactivos, un documento que cambia el rumbo de la gestión de residuos nucleares en España respecto al anterior y que incluye el calendario de cierre de los siete reactores nucleares sin cambios: entre 2027 y 2035, todos se irán apagando.
Su borrador se conoció hace unos meses e incluía el carpetazo de la opción preferida por los expertos para la gestión de los residuos nucleares: la construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) donde irían depositándose los desechos procedentes de cada central mientras se construye la solución definitiva, un almacén geológico profundo donde serán guardados para siempre. El pueblo que en 2011 resultó elegido para albergar el ATC, Villar de Cañas, vio cómo tras la llegada de Pedro Sánchez al poder el proyecto quedó varado: ahora, el nuevo plan aboga por otra solución, la de construir almacenes individualizados en cada central ante las "dificultades que se plantean para necesitar el necesario grado de consenso social, político e institucional". Además, el Ejecutivo acordó también este martes dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas como sede del almacén.
La decisión, aunque esperada, se recibió con pesar en el pueblo de Cuenca, que lleva años peleando por el almacén y los empleos que traería a la zona: el alcalde, Alejandro Pernías, reconoció que "no es un día bueno para nadie" aunque adelantó que estudian recurrir ante el Tribunal Supremo. En el otro extremo se situó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, opuesto al proyecto desde el principio y contra el que ha batallado en los tribunales: "Es un día de celebración para todos los que defendimos pararlo". La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, llegó a apuntar que se trataba de una "reclamación histórica" de la región.
El plan aprobado este martes acuerda la puesta en marcha de siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en cada una de las centrales "hasta su traslado al almacenamiento definitivo", que se prevé para 2073. Cada ATD, señala, estará formado por un almacén temporal individualizado con capacidad para el combustible generado durante la actividad y desmantelamiento de cada reactor, y "una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa".
La solución elegida por el Ejecutivo es la más cara: sustituir un almacén central por siete individuales costará 2.137 millones más que tendrán que ser aportados por las empresas que gestionan las centrales. El Gobierno dejó claro este martes que los gastos que conlleve tanto la gestión de residuos como el desmantelamiento, que el plan cifra en un total de 20.220 millones, lo pagarán las empresas a través del "fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares". Lo harán, dice, "de acuerdo con el principio de ‘quien contamina, paga’.
En cuanto al cierre de las centrales, el plan recoge el calendario conocido que establece su apagado entre 2027 (la primera será Almaraz) y 2035. Al respecto, el Gobierno señala que el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares se producirá a los tres años de su cese de operación definitivo.