Navarra ha optado por introducir la inseguridad jurídica, el separatismo y el comunismo en su eje de gobernabilidad. Y el resultado empresarial no está pudiendo ser más inmediato. Un nuevo ERTE ha vuelto a demostrar la realidad de la vida empresarial. En este caso es de Arcelor Mittal para sus plantas en Echévarri, Lesaca, AMDS y distribución. Y afecta a 7.000 trabajadores. Simple y llanamente porque la empresa ha decidido que hay plazas mejores y más seguras en las que trabajar.
Los sindicatos como ELA no han tardado en dar su particular versión. Han acusado a la empresa de "utilización fraudulenta de una medida coyuntural como los ERTE para convertirlas en estructurales". Pero lo cierto es que llueve sobre mojado. Y ahora en una gran empresa con tres fábricas en terreno navarro.
"La empresa acumula 14 años aplicando expedientes, un hecho absolutamente irregular. Además en este caso, la prórroga se extiende durante un año, un plazo absolutamente excesivo", señalan desde ELA. Pero a lo que no responde el sindicato es a cuál es el motivo por el que la misma empresa que decidió apostar por Navarra ahora decida rebajar su peso en Navarra.
La empresa quiere alargar el ERTE durante 2024 y hacerlo efectivo sobre un total de 7.000 trabajadores.
Pero no es el primer caso de un evidente debilitamiento industrial de Navarra. El primero en avisar de los nuevos vientos y de que las cosas habían cambiado en la comunidad foral fue uno de los mayores estandartes de la economía de esta región: Volkswagen y su factoría de Landaben. Después fue Gamesa, que ha dulcificado su posición ante la mediación del Gobierno de España y los pactos alcanzados de salvación de Siemens -su matriz- con cargo al presupuesto nacional. Y, mientras, el Gobierno foral sigue empeñado en una política pactada con comunistas separatistas que se ha convertido en un freno a la competitividad de las empresas.
Los datos nacionales no ayudan. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España los costes laborales acumulados se han disparado hasta el 10,3% desde los 30.883,44 euros a los 34.058,83 euros. Y si ese dato se combina con subidas de impuestos el resultado se convierte en insalvable. Y las empresas van tomando nota. Y decisiones. Primero fue el gigante del automóvil. Después el gigante de los aerogeneradores. Y más tarde el del acero.
La factura fiscal de los últimos años no ha dejado de encarecerse en lo que antes era un territorio de alto atractivo empresarial. El Gobierno de Navarra, de hecho, ha batido en 2022 todos los récords recaudatorios quedando al borde de los 5.000 millones de euros en ingresos tributarios sin tener en cuenta, ni los impuestos locales ni las cotizaciones sociales -que no han dejado de subir por decisión de los compañeros nacionales de partido de María Chivite-. El incremento de la presión fiscal se ha convertido ya en todo un clásico. Y si en 2019 la presión fiscal por esa parte de los ingresos quedaba en el 18,3%, ahora es del 23,4%. Y todos esos factores suponen una pérdida de competitividad.