El Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la supuesta "mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar" fue vendido como todo un logro social. Según la versión del Gobierno de Yolanda Díaz, las reformas "permitían equiparar las condiciones laborales de este colectivo al del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena en el ámbito laboral y en el de la Seguridad Social". Hasta ahí la utopía comunista. Porque la realidad ha quedado ya plasmada en los datos laborales de cierre de 2023: 3.783 trabajadores de este sector han salido de la Seguridad Social para ir al paro o al mercado sumergido.
"Prestar servicios en el hogar familiar se ha caracterizado, tradicionalmente, por tener un tratamiento diferenciado tanto por realizarse en un ámbito privado y no en una empresa como por la alta variabilidad de las jornadas o del número de personas empleadoras", decía el Gobierno hace poco más de un año. "La norma permite, además, poner fin a una injustificada infravaloración del trabajo doméstico", añadía. Bien: ahora, y gracias a las reformas de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, se ha revalorizado tanto que casi 4.000 personas han abandonado el mercado laboral.
La reforma subrayó que la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) era obligatoria para las personas empleadoras y empleadas del hogar desde el 1 de octubre de 2022. Las bases de cotización para desempleo pasaron a ser las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El tipo de cotización aplicable entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2022, fue del 6,05%, del que el 5% era a cargo de la persona empleadora y el 1,05% a cargo de la persona empleada. Y la base de cotización no ha dejado de crecer.
Se implantaba el "derecho al paro si cuando finalizaba su contrato, se había cotizado al desempleo, al menos, 360 días". "También tendrán derecho a los subsidios asistenciales si se cumplen los requisitos previstos en ellos. Se tendrán en cuenta las cotizaciones realizadas en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social por los que se cotiza a desempleo", añadía la norma.
Y, sobre todo, el Real Decreto-Ley 16/2022, de 6 de septiembre modificaba la Ley General de la Seguridad Social para "establecer la cotización por la contingencia de desempleo y por Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) respecto de las personas que mantienen una relación laboral al servicio del hogar familiar".
"¿Cuánto voy a pagar ahora por la cotización de mi empleada de hogar?", señalan un guía oficial del Gobierno. "La cotización se verá incrementada por los tipos de cotización por desempleo y FOGASA aplicables a la base de cotización, determinada conforme al salario percibido por la persona al servicio del hogar familiar", anticipaba.
Y, por si el incremento de costes para las familias era poco, para las numerosas hubo golpe adicional: "Podrán acceder, hasta el 31 de marzo de 2023, a una bonificación del 45%, en cuyo caso, no resultará de aplicación la reducción de cuotas del 20% sobre la aportación empresarial por contingencias comunes, pero sí las bonificaciones del 80% sobre la aportación empresarial para desempleo y Fondo de Garantía Salarial".
Y es que estaba "previsto que, a partir del 1 de abril de 2023, se establezca una nueva bonificación de cuotas, en función de determinados requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia, que será alternativa a la reducción de cuotas del 20%, pero manteniéndose, en cualquier caso, la bonificación de cuotas del 80% respecto de las cuotas para desempleo y Fondo de Garantía Salarial". Resultado: una rebaja sensible de las bonificaciones anteriores.
Y las familias han dicho lo obvio. Que no pueden asumirlo, y menos en un momento de pérdida de poder adquisitivo y subidas de impuestos como el generado por el Gobierno. Resultado: casi 4.000 personas que trabajaban en el servicio doméstico se han ido del mercado laboral camino del paro. O del mercado sumergido.