Se trata de los datos oficiales de la Seguridad Social. Y revelan la huella de los golpes de Pedro Sánchez al campo. Subidas fiscales, requisitos ecologistas, prohibiciones de fertilizantes, imposiciones animalistas, rebaja en la práctica del acceso a los fondos PAC, etc, han tenido su repercusión laboral: 16.341 agricultores lanzados al paro en un año.
El campo, de hecho, se ha convertido en uno de los sectores labores más afectados en un momento en el que el maquillaje de los fijos discontinuos hace difícil un análisis en profundidad. Pero, pese a ello, los datos oficiales de la Seguridad Social reflejan con claridad que la política agraria de este gobierno ha dejado una huella clara en el campo: la variación anual absoluta refleja un total de 16.341 trabajadores menos afiliados al sistema especial agrario, lo que representa una pérdida de 2,31% de los profesionales del campo en sólo un año.
¿Y qué lo ha provocado? Las asociaciones agrarias como ASAJA llevan mucho tiempo denunciándolo. Y es que se ha implantado una política de ataque al campo que no ha hecho huella en la agricultura y la ganadería.
Fue hace tan sólo tres meses cuando el ministro de Agricultura de Pedro Sánchez mostró su último gesto de sensibilidad con el campo: señaló que pese al endurecimiento de las condiciones para este sector, la tendencia iba a continuar. Lo hizo en octubre para insistir en que la "producción ecológica" es clave para afrontar el "desafío del cambio climático". Y subrayó que eso supone una apuesta decidida por los denominados "ecorregímenes", un sistema de exigencias ecologistas para poder acceder a la financiación de la PAC que está suponiendo pérdidas reales de fondos comunitarios de cerca de un 20% por agricultor.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, no tiene intención de cesar en su cruzada verde. Ha insistido en varias ocasiones en que "la producción ecológica contribuye a hacer frente al desafío global del cambio climático, ya que combina las mejoras prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal". Y eso significa que no hay ni la más mínima revisión en un sistema que acapara la crítica unánime del campo español.
Luis Planas ha participado, además, recientemente, en la inauguración del Congreso Europeo de Producción Ecológica celebrado en Córdoba. Todo ello, dentro del marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El encuentro, en cuya organización participó la asociación Ecovalia y la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), contó con la colaboración del Ministerio y, lejos de abordar la crisis del campo y su pérdida de márgenes de beneficio, se centró en los "sistemas alimentarios sostenibles, innovadores y orgánicos".
Y Planas insistió en que España tiene que ir a más en la cruzada verde. Según el ministro, España es un "actor clave para cumplir con la dimensión agraria del Pacto Verde Europeo y, en concreto, para alcanzar el objetivo de que el 25% de la superficie agraria se destine a la producción bio en 2030".
Toda una revolución e intrusión en el diseño de plantaciones y explotaciones agrarias. Y todo un factor de incremento de costes cuando peor lo está pasando el campo. El ministro avanzó allí algunos de los principales datos de las estadísticas de producción ecológica, relativos al ejercicio 2022. Y destacó, por ejemplo, que España, es ya uno de los principales productores del mundo.
Según esos datos, durante el año 2022 la superficie dedicada a la producción orgánica en España se incrementó un 1,5%, hasta situarse en un total de 2.675.331 de hectáreas. Pero ello equivale a un 11% de la superficie agraria útil del país. Y Planas quiere un 25%, más del doble, pese a que España se sitúa ya entre los 10 principales productores por superficie, tanto de la UE como del mundo en esta materia. Y pese a que este tipo de agricultura es claramente más cara.