La Agencia Tributaria se ha llevado otro chasco. A pesar del empeño del Gobierno por obligar a los contribuyentes a presentar la declaración de la Renta telemáticamente, la Justicia ha vuelto a oponerse. En concreto, en esta ocasión ha sido la Audiencia Nacional quien ha emitido una sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado mes de mayo por Aedaf (la Asociación Española de Asesores Fiscales) contra la obligatoriedad de presentar la Declración por vías electrónicas.
Al respecto, la Asociación de asesores fiscales ha celebrado en un comunicado la decisión de la Audiencia Nacional, defendiendo que la comunicación por vías electrónicas entre la Administración y el contribuyente "es un derecho y no una obligación" y añadiendo que "fuerzan al contribuyente a presentarla exclusivamente de manera electrónica y sin amparo legal alguno".
Lo avaló el Supremo
En este mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo en septiembre del año pasado, cuando también avaló un recurso de Aedaf contra la Orden de Hacienda por la cual se eliminaba la posibilidad de obtener la declaración y los documentos correspondientes en papel. De esta forma, el Alto Tribunal declaró la nulidad de varios artículos de la Orden de Hacienda.
En concreto, el Supremo argumentó en esta ocasión que la Orden de Hacienda establecía la obligación de hacer la declaración de la rente online para todos los contribuyentes en general y no contemplaba los supuestos y las condiciones que debían justificar la eliminación de la posibilidad de obtener la declaración y los documentos correspondientes en papel. Al respecto, el Tribunal sentenció que "la Administración no puede imponer su utilización obligatoria a los ciudadanos", porque no puede establecer una obligación general en base a un derecho, como ocurre con este caso.
Hacienda, empeñada
No obstante, desde el Ministerio de Hacienda parecen empeñados en obligar a los contribuyentes a presentar la declaración de la Renta telemáticamente, porque a pesar de la sentencia del Supremo, volvieron a introducir esta cláusula aprovechando el Decreto de medidas anticrisis.
De esta forma, el Ejecutivo logró colar por la puerta de atrás esta imposición al aprobar la posibilidad de que la Administración pueda establecer "la obligación de presentación (de la declaración del IPRF) por medios electrónicos", tratando de adaptar la medida a la sentencia del Supremo matizando que "siempre que la Administración tributaria asegure la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para el cumplimiento de la obligación".
Así las cosas, en su Decreto el Gobierno justificaba también esta cláusula al explicar que "se introduce la correspondiente modificación [...] al objeto de solventar la deficiencia normativa advertida" por el Alto Tribunal.