El mayor sindicato de los funcionarios, CSIF, ha intensificado las negociaciones para intentar evitar la reforma de la función pública de manera urgente. El sindicato, de hecho, ha trasladado a PSOE y Unidas Podemos sus enmiendas de cara a la nueva Ley de Función Pública "para garantizar la evaluación objetiva del desempeño". Y es que el sindicato denuncia que la actual reforma no garantiza la "evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y con participación en la comisión de valoración de los representantes de los trabajadores" ni asegura que "los nombramientos y ceses de personal directivo se realicen según los méritos del candidato y no por libre designación". De hecho, CSIF denuncia que la reforma favorece el "enchufismo".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, ha acelerado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para trasladarles sus propuestas al Proyecto de Ley de Función Pública. Y es que el Gobierno no ha querido hasta ahora cambiar la esencia de una norma que aumenta aún más la capacidad de control de los funcionarios y de sus carreras profesionales por criterios ajenos al mérito.
CSIF ha mantenido reuniones con los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos en el Congreso, a quienes ha insistido "en las graves carencias que presenta la actual redacción" de la nueva ley.
Documento con 35 enmiendas
El sindicato les ha trasladado un documento con 35 enmiendas de cara al proyecto de ley "con el fin de mejorar el texto garantizando reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleados públicos, como la evaluación objetiva del desempeño, la carrera profesional, la jornada de 35 horas semanales, la jubilación parcial voluntaria o el teletrabajo con garantías, según los términos negociados", señala CSIF.
El sindicato, presidido por Miguel Borra, denuncia que el texto "llega con 15 años de retraso y, además, la redacción actual está muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos que debería tener una ley de esta magnitud, ya que muchos aspectos fundamentales de las condiciones de trabajo de los empleados públicos se regulan de forma deficiente e incompleta, e incluso otras cuestiones esenciales ni siquiera están recogidas. Además, carece de dotación presupuestaria, limita el derecho a la movilidad y favorece el enchufismo del personal directivo".
Las exigencias del CSIF
Entre otras exigencias de CSIF se encuentra la "evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y con participación en la comisión de valoración de los representantes de los trabajadores debido a su efecto directo sobre la carrera profesional"; "los nombramientos y ceses de personal directivo exclusivamente por los méritos del candidato y no por libre designación"; y "eliminar el cheque en blanco al Gobierno para reorganizar los cuerpos y escalas durante un periodo de seis meses".
Los funcionarios piden también la "jornada general de trabajo en la Administración General del Estado (AGE) de 35 horas semanales"; "el desarrollo del teletrabajo con garantías, detallando las condiciones laborales bajo las que se realizará"; y el "desarrollo del grupo profesional B para el personal de la AGE (actualmente se limita esta posibilidad solo a algunos cuerpos y escalas)".
CSIF exige un "derecho a la jubilación parcial anticipada para el personal funcionario"; "garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres mediante el principio de no discriminación por razón de sexo en las retribuciones complementarias"; que "todos los empleados públicos (y no solo los funcionarios de carrera) tengan derecho a excedencia para cuidado de hijos o familiares, y excedencia por ser víctima de violencia de género o violencia terrorista"; y la "inclusión del personal laboral en todos aquellos aspectos que les puedan ser de aplicación".
Desde CSIF señalan que "tanto el Grupo Parlamentario Socialista como Unidas Podemos en el Congreso han valorado positivamente las enmiendas presentadas por CSIF, y se han comprometido a estudiarlas en detalle". Pero lo cierto es que el Gobierno no varía el sentido de su norma y aprieta ahora el acelerador en aprobar la legislación cuanto antes. CSIF, por su parte, "continuará próximamente esta ronda de contactos con otros grupos parlamentarios, a quienes seguirá trasladando en persona la preocupación por las actuales carencias que presenta el proyecto de ley", añade el sindicato.