El Gobierno de Pedro Sánchez llega a 2024 con unas previsiones de gasto récord. Entre las numerosas partidas que volverán a disparar el año que viene su presupuesto hay dos de gran calado: la de las pensiones y la de los sueldos públicos. Tanto por la cuantía como por la cantidad de ciudadanos (o votantes) a los que beneficia, la decisión del Ejecutivo de seguir engordándolas tendrá graves consecuencias para el equilibrio de las cuentas públicas.
En el caso del gasto en pensiones hay que tener en cuenta que este epígrafe viene creciendo sistemáticamente cada año debido a cada vez hay más jubilados por el aumento de la esperanza de vida y a que los que entran en el sistema cada vez cobran más. Sin embargo, el ritmo de subida de 2023 ha sido insólito. Tanto es así, que Funcas ha elegido a esta cifra como "el dato del año porque se trata del mayor incremento anual de la historia, que triplica el ritmo de crecimiento registrado a lo largo de los últimos 15 años". Según señala Funcas, el gasto en pensiones, contributivas y no contributivas se elevó 15.800 millones más en 2023.
El premio a los pensionistas continúa
La razón de esta situación se debe al extra de tensión en las cuentas del sistema de Seguridad Social que ha decidido imponer el Gobierno actualizando las pensiones conforme al IPC en 2023.
"Este crecimiento ha sido el resultado, fundamentalmente, de la revalorización de las prestaciones en un 8,4%, conforme a la tasa de inflación del año anterior, unido a los factores habituales que todos los años impulsan el gasto al alza: el efecto sustitución –la pensión de los nuevos perceptores que entran en el sistema es mayor que la de los que salen- y el crecimiento del número de pensionistas", explica Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Según los datos del Gobierno, el coste de la revalorización de las pensiones al 8,5% ha sido de 13.600 millones de euros. Si se añade la subida del 15% de las no contributivas y del IMV, esta cifra engorda hasta los 14.500 millones. En 2024, el agujero del Estado volverá a agrandarse.
Ayer miércoles, el Ejecutivo de PSOE y Sumar aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley que incluye la actualización de esta partida un 3,8% desde el 1 de enero que tendrá un coste de 7.300 millones de euros. Además, si se añade la subida de las pensiones mínimas, de las no contributivas y del IMV, esta cifra asciende a 8.280 millones que, según Fedea, superaría los 10.000 millones si se suma el mencionado "efecto sustitución".
Esta situación (unida a las bajas tasas de natalidad) estaría tensando sobremanera las cuentas de un sistema en el que hace mucho que los ingresos de las cotizaciones sociales ya no llegan para cubrir el pago total de las prestaciones. Pero no es la única.
Y es que, el agujero en las cuentas públicas ligado a la inflación no se agrandará sólo por los jubilados. Hay otro colectivo que también ha reclamado su parte: el de los funcionarios. Así, en 2024, la subida de sueldo a los funcionarios en 2024 costará 4.746 millones a las arcas públicas, según lo cifrado por el propio Gobierno en el Plan Presupuestario que ha remitido a Bruselas. Por tanto, estaríamos ante un gasto extra de más de 12.000 millones de euros.
Así, vemos que la máquina de gastar de Sánchez está activada para contentar a los 3 millones y medio de trabajadores públicos del país y a los casi 11,8 millones de pensionistas y perceptores de prestaciones.