El sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, ha hecho sonar las alarmas. Teme que el nuevo examen anunciado y regulado por el Gobierno para "evaluar el desempeño" de los actuales empleados públicos esconda un mecanismo ajeno a la neutralidad con el que cribar a los funcionarios y aupar a los afines. CSIF ha exigido ya "negociar la evaluación del desempeño para garantizar la seguridad de los trabajadores".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha exigido formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez negociar "el desarrollo del Real Decreto ley de medidas urgentes en materia de Función Pública".
Y es que los funcionarios no se fían del mismo organismo que ha tomado ya el control de la Fiscalía, del Tribunal de Cuentas, del INE, de la Abogacía del Estado, del Tribunal Constitucional y se encuentra en pleno asalto al CGPJ.
"En este sentido, esperamos que se tramite en el Congreso como Proyecto de Ley y en todo caso reclamaremos que pase por la mesa de negociación la letra pequeña y el desarrollo de las diferentes medidas en materia de recursos humanos, acceso al empleo público, evaluación del desempeño, carrera profesional o la regulación del personal directivo", señalan desde el sindicato.
La evaluación del desempeño es uno de los puntos que más preocupa en CSIF: "Vamos a velar para que se produzca con las debidas garantías para los trabajadores, con criterios claros, objetivos y supervisados por las organizaciones sindicales que en todo caso deberán participar en el proceso para que no se produzcan arbitrariedades", afirman desde el sindicato.
"El principal objetivo de la evaluación del desempeño debe ser, en todo caso, favorecer la carrera profesional y premiar el trabajo bien realizado en el servicio público que actualmente no está reconocido", advierten. Y, "en todo caso, desde CSIF reclamamos la apertura de las mesas de negociación para abordar las reformas estructurales que requieren las administraciones públicas ante el deterioro de los servicios en todos los ámbitos (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, SEPE, Agencia Tributaria, prisiones)".
Desde CSIF defienden que el Gobierno se ha centrado en estas pruebas a los funcionarios cuando "España necesita cuanto antes unos Presupuestos Generales del Estado para 2024, con la oferta de empleo público en la que se elimine la tasa de reposición; un nuevo acuerdo salarial (solo en los dos últimos años se han devaluado los salarios un 5,5% y un 20% desde 2010); el desarrollo de las 35 horas semanales en todas las administraciones, el teletrabajo, el protocolo contra el acoso sexual en la Administración del Estado; el refuerzo de la financiación de las mutuas o las mejoras en las condiciones de jubilación, entre otros temas".
Control de la Agencia Tributaria
No se trata de un asunto estrictamente novedoso. Los inspectores de Hacienda llevan tiempo alertando de las maniobras de Pedro Sánchez para tomar el control, en su caso, de la Agencia Tributaria y contar con empleados a dedo capaces de ejecutar sus exigencias políticas.
La asociación Inspectores de Hacienda denunció hace ya semanas que "la convocatoria publicada en el BOE del proceso selectivo al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado es una compleja remisión normativa que parece tener la voluntad de esconderlo, pero que permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición". Traducido, el ascenso a dedo en la Agencia Tributaria ya ha comenzado.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), de hecho, anunció ya en aquel momento un recurso contencioso administrativo contra la convocatoria por vulnerar principios constitucionales. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera "contrario a la más elemental lógica que una persona, sin haber superado el proceso selectivo -que es la garantía de estar en posesión de los conocimientos esenciales para su desempeño profesional, como predica la exigencia constitucional de capacidad para el acceso a la función pública-, pueda desarrollar una función tan sensible como es la que se encomienda a los Inspectores de Hacienda", recuerdan desde la organización.