La izquierda no ha dejado de reclamar medidas de restricción de la agricultura por motivos ecologistas. Ha pedido —y logrado— subidas fiscales, sociales, trabas burocráticas, prohibiciones de fertilizantes o bloqueos a granjas y a prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales. Y, tras haber materializado su logro con un golpe al campo, ahora plantea la subsidiación de agricultores por medio de una ampliación de los clásicos PER.
El plan llega en esta ocasión de Podemos. Pero hay iniciativas similares del resto de formaciones de la izquierda. En el texto, los morados admiten que "las condiciones de trabajo de las personas eventuales agrarias están marcadas por la fuerte temporalidad la estacionalidad y por la movilidad geográfica de las personas trabajadoras siguiendo los ciclos de las sucesivas campañas agrícolas". Lo llamativo es que Podemos ni tan siquiera habla de todos los agricultores. Sólo lo hace para defender a los "eventuales". El resto de profesionales del campo no le importan demasiado.
"El proceso de modernización del sector agrario y su tendencia a la intensificación productiva ha incrementado las necesidades de mano de obra en todo el Estado, extendiendo el modelo de relaciones laborales basado en la campaña agrícola a prácticamente toda la geografía", explica.
Podemos señala que las campañas agrícolas conllevan "el movimiento de personas trabajadoras para cubrir la oferta de empleo en un lugar determinado y un tiempo crítico" y afirma que "una adecuada gestión de los movimientos laborales, tanto internos como externos por parte de las autoridades laborales y de las empresas, conlleva unas relaciones laborales legales y controlables".
Para los comunistas, el "número de personas trabajadoras eventuales del campo" asciende a "750.000 personas aproximadamente, de las cuales, alrededor de 550.000, residen en sólo 2 de las 17 Comunidades Autónomas de España, concretamente, en Extremadura y Andalucía". Y "la campaña agrícola, como marco de las relaciones laborales, impone una diferencia considerable sobre las condiciones sociales, económicas y laborales de las personas trabajadoras. Dependiendo de las características del cultivo y sector productivo concreto de que se trate, también afecta a las relaciones laborales concretas, aunque el marco sea diferente".
En uno de los párrafos del texto Podemos llega a admitir que "las crisis se perciben en el sector agrario", en parte, por "el aumento de costes de producción", aunque no tarda en afirma que también por "la contracción y las estrategias comerciales de otros eslabones en los precios de los productos en los mercados finalistas, que son trasladados hacia la cadena productiva, la cadena alimentaria, hacia los productores". Así como, por supuesto, "también las presiones y consecuencias de las propias condiciones climáticas, que, con el aceleramiento del cambio climático, son cada vez más duras y con daños ya científicamente constatables".
Por todo ello, Podemos señala a los mayores sufridores de esta situación: "Éstas son las empresas agrícolas de tamaño pequeño o mediano y las familiares y, especialmente, los agricultores y agricultoras y las personas trabajadoras por cuenta ajena. Por ello, El Congreso de los Diputados aprobó el pasado diciembre la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria".
Los propios comunistas hablan de "bolsas de economía sumergida" y pide elevar la "protección por desempleo de las personas trabajadoras agrarias por cuenta ajena": "Se ha encontrado de un lado con la necesidad de mayor protección por los caracteres de estacionalidad y elevados periodos de paro que caracterizan el trabajo agrario, pero a la vez, con la dificultad de articular para esta protección un modelo contributivo inspirado en los requisitos fundamentalmente de tipo asegurativo como el común".