La semana pasada, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, emitió la vigésimo sexta condena contra España por la retirada retroactiva de primas renovables. En esta ocasión, fue la multinacional alemana E.ON quien se llevó la victoria en un proceso en el que reclamaba una compensación de 324,7 millones de euros.
La petición de E.ON fue respaldado en gran medida por el tribunal, que otorgó alrededor del 90% del monto solicitado, según han apuntado fuentes conocedoras del caso. Esta decisión eleva la carga financiera asociada a las veintiséis derrotas judiciales que ha sufrido nuestro país, cuyo impacto directo sobre las arcas públicas ronda los 1.800 millones.
La compañía alemana ha declarado al servicio especializado en arbitrajes IA Reporter que se muestra "feliz con la decisión que ha adoptado el tribunal del CIADI" y ha hecho un llamado a emplear esta decisión para fortalecer "la confianza y la fiabilidad de las inversiones", aludiendo de esta forma a la importancia de la seguridad jurídica como pilar necesario "para los proyectos internacionales en el campo de la energía".
Un problema de seguridad jurídica
El incumplimiento continuado de los laudos por parte del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez ha llevado a que las empresas afectadas adopten decisiones drásticas como, por ejemplo, el embargo de numerosos bienes de España el extranjero, lo que ha ahondado en la preocupación de la comunidad inversora internacional y ha dado alas a los cuestionamientos sobre la solidez del sistema legal y el respeto a las decisiones judiciales en nuestro país.
No hay que olvidar que el Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales que elabora el académico holandés Nikos Lavranos de la mano de NL Consulting ha situado a España a la par con Venezuela y por delante de Rusia, evidenciando la nefasta situación en la que se ha situado nuestro país a raíz de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de incumplir estos compromisos legales de alcance global.
En cualquier caso, el problema de fondo va más allá de la situación específica que se ha derivado de las decisiones sobre la retirada retroactiva de las primas renovables y se enmarca en un problema general derivado de la creciente inseguridad jurídica que amenaza la reputación de España y afecta directamente nuestro poder de atraer inversiones.
Los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos han revelado una disminución del 31% en la entrada inversión extranjera directa a lo largo de los nueve primeros meses de 2023. Además, el Informe de Calidad del Estado de Derecho elaborado por el Banco Mundial ha acreditado que, desde que gobierna Sánchez, dicha métrica ha descendido un 15%.
De igual manera, las distintas evaluaciones realizadas por la Property Rights Alliance y el Instituto de Estudios Económicos y referidas a la independencia judicial, el imperio de la ley y la estabilidad política otorgan a España calificaciones muy preocupantes, que nos sitúan en la parte baja de la tabla en comparación con otras democracias europeas a raíz de unas evaluaciones que apenas superan el umbral de los 6 puntos sobre 10.
De igual modo, la BOFA Survey de Bank of America ha posicionado recientemente a España como uno de los peores países en los que invertir. Este sondeo lo completan más de 250 gestores de vehículos financieros internacionales cuyos activos bajo gestión alcanzan el billón de euros, de modo que el nefasto resultado que cosecha nuestro país nos afecta directamente en todo lo referido al atractivo de España ante los mercados de capitales.
Tampoco ayudan las dinámicas políticas que está protagonizando la Administración Sánchez. Los acuerdos de investidura movilizaron compromisos de gasto valorados en más de 100.000 millones de euros, mientras que la tramitación de la Ley de Amnistía ha puesto en pie al poder judicial y a la sociedad civil y ha generado una nefasta percepción en el extranjero. Además, la política del gobierno ha hecho que empresas como Ferrovial acaben optando por abandonar nuestro país. Nada de esto ayuda a mejorar la imagen exterior d eEspaña.
Por tanto, el fallo del CIADI en el caso de E.ON no solo representa una pesada carga en términos de deuda adicional, sino que también arroja luz sobre los desafíos más amplios que enfrenta nuestro país en términos de inversión extranjera y seguridad jurídica. La reputación de España como destino confiable para los negocios internacionales se ve más amenazada que nunca.