Después de 13 meses con su casa okupada por una inquilina que dejó de pagar el alquiler y se negaba a abandonar la vivienda, Ruth acaba de recuperarla sin necesidad de esperar a un proceso judicial que no parecía terminar nunca. "Todo ha sido gracias a vosotros y a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, así que muchísimas gracias de corazón", dice emocionada esta propietaria de Montroig (Tarragona) que asegura haber vivido un auténtico "infierno".
Al igual que otras tantas víctimas de esta lacra, Ruth ha sufrido la impotencia de ver cómo su inquilina apelaba a su supuesta vulnerabilidad, cuando la realmente vulnerable era ella, que tenía que hacer frente a "dos hipotecas, dos aguas, dos tasas de basuras, más los honorarios del abogado" y todo ello con dos bebés a su cargo y una reducción de jornada porque no tiene quien le pueda echar una mano con ellos.
Tras la publicación del artículo el pasado 22 de enero, Ruth y su marido decidieron compartirlo en redes sociales y, gracias a esa difusión, se obró el milagro. "En Miami Playa nos conocemos todos y, al día siguiente, tenía un mensaje de un familiar suyo para que nos pusiéramos en contacto con él. Nos dijo que iba a buscarle una alternativa habitacional y que esta semana harían efectiva la entrega de llaves, y así ha sido", explica la hoy feliz propietaria.
Rápidamente llamaron a su abogado y este mismo martes la inquiokupa ha firmado la renuncia al contrato de alquiler que ambas habían acordado en su día y que desde hace 13 meses se había convertido en papel mojado. "El piso está muy sucio, huele muchísimo a tabaco y todavía no hemos comprobado si funcionan todos los electrodomésticos, pero lo importante es que, gracias a vosotros y a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, tengo mi piso otra vez, dispongo de mis llaves, y empieza una nueva etapa", repite aliviada. Aun así, es consciente de que aún le queda un largo camino por recorrer: "Ahora empieza una nueva lucha, que es proceder a la demanda ejecutiva para me pague todo lo que me debe". En total, unos 7.300 euros sin contar con los intereses de demora. "Y para eso también me tendré que rascar el bolsillo", lamenta.
"No lo pienso alquilar nunca más"
Ocurra lo que ocurra, si algo tiene claro esta propietaria es que no lo volverá a alquilar. "No lo pienso alquilar nunca más, pero nunca más. Lo que he pasado ha sido un infierno, así que solo espero y deseo poder venderlo rápido, porque no podemos sostener más esta situación. Piensa que llevamos 13 meses así y ya no es solo lo que me ha dejado de pagar esta señora, sino también los abogados, burofax… Todo".
A la delicada situación económica en la que la ha dejado la okupa, se suma el impacto que la impotencia de todo este tiempo ha tenido en su salud. "Hay temporadas que he tenido alopecia nerviosa, insomnio… Y procuraba pensar lo mínimo en este asunto, pero a finales de diciembre tuve un bajón cuando vi que el Gobierno ampliaba el decreto antidesahucios", recordaba hace unos días en LM. Lo mismo sucedía cuando comprobaba que, a pesar de alegar que no tenía empleo alguno, veía a su inquiokupa acudir a su puesto de trabajo. "La hemos visto salir de casa con el uniforme, pero sigue sin pagar ni un euro. Y, mientras tanto, nosotros hemos tenido que salir adelante como hemos podido. De hecho, mi marido estuvo en el paro el año pasado", denunciaba indignada.
Los reproches al Gobierno
Afortunadamente, su historia tiene un final feliz, pero sabe que en España son miles las familias que sufren la injusticia de la inquiokupación. Precisamente por eso, sigue insistiendo en que el Gobierno debería ponerse en su piel y dejar de hacerles responsables de algo que, en todo caso, tendría que asumir el Estado: "Si de verdad creen que son vulnerables, que se los lleven a Moncloa o que hagan lo que consideren, pero yo no tengo por qué hacerme cargo de una persona que ha firmado un contrato y no lo está cumpliendo".
Su mensaje es el mismo que la Plataforma de Afectados por la Ocupación -gracias a la cual su caso ha salido a la luz- ha trasladado recientemente a la Unión Europea, donde ha pedido que se investigue si el decreto antidesahucios del Gobierno vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad. La petición, a la que la Comisión ya ha dado el visto bueno, denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya trasladado a los pequeños propietarios la responsabilidad de mantener a estos inquiokupas, mientras elude crear más vivienda social.
Además, alerta del impacto que políticas como la española están teniendo en el mercado del alquiler, entre ellas, "una considerable disminución de inmuebles en el mercado privado, retirados por sus propietarios ante la dificultad de recuperar sus inmuebles" en caso de que sus inquilinos se terminen convirtiendo en inquiokupas, así como el coste de ello derivado.
No en vano, ése es precisamente el efecto que ha tenido en el caso de Ruth, quien, tal y como ella misma ha relatado en Libre Mercado, optará por vender su piso en lugar de ponerlo en alquiler. Quienes lo siguen haciendo, mientras tanto, cada vez exigen más garantías y se alejan de perfiles que, llegado el caso, puedan alegar vulnerabilidad para dejar de pagar. Así, empieza a ser frecuente, por ejemplo, que los propietarios huyan de familias con hijos menores de edad.