El cálculo más delicado para el Gobierno ha sido realizado por la consultora Freemarket. Y la cifra es demoledora: las constantes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) le han costado a España nada menos que 321.987 empleos. La razón es sencilla y se le explicó en innumerables ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez y el departamento de Yolanda Díaz: un encarecimiento de los costes de contratación llevaría a las empresas a no poder contratar. Y así ha sido. Pero la orden política era absoluta y España, junto a Lituania, encabezan ya el ranking de subidas del SMI. España, por cierto, casi lidera también -es el segundo país- el ranking de peores datos de PIB desde 2019 con sólo 6,6 puntos de avance: tan sólo lo empeora Italia con 6,3 puntos.
El informe de la consultora destaca que, "según los datos publicados por la EPA tras las dos últimas subidas del SMI, el paro no ha sufrido modificaciones significativas. Para el Gobierno ello demostraría que esa medida tiene efectos positivos sobre los trabajadores y neutrales sobre el empleo y la competitividad empresarial".
Freemarket señala que "esto parecería refutar la tesis clásica según la cual la subida del SMI no compensada por aumentos de la productividad es dañina y se traduce en menos creación de puestos de trabajo, en mayor paro y en un deterioro de la capacidad de competir de las empresas". Pero, esa visión, "propagada por el Gobierno, no permite apreciar las consecuencias no vistas de las subidas del SMI, su coste de oportunidad. Por tanto, es relevante realizar una aproximación diferente, la de estimar el "contrafactual"; es decir, cuál hubiese sido el nivel de empleo en España de no haberse producido las subidas del SMI realizadas desde 2018".
Y ese coste de oportunidad es el que calcula la consultora: "Por lo que se refiere a la actividad productiva, dichos incrementos afectan sobre todo a una serie de sectores: agricultura, comercio minorista, limpieza, hostelería y servicio doméstico, que son aquellos en los cuales un número muy importante de sus integrantes reciben por su trabajo el SMI".
Para calcular cómo habría evolucionado el empleo en esas ramas productivas, las más afectadas por las subidas del SMI, Freemarket lleva a cabo un ejercicio: "Qué hubiese sucedido si el número de ocupados en aquellas hubiese crecido al mismo ritmo en el que lo ha hecho en el conjunto de la economía nacional". Y el resultado es demoledor: "El total de ocupados de la EPA ha crecido entre 2018 y 2022 un 6,3%. Esto no ha sucedido en el resto de las actividades productivas que se exponen en ella. Las bolsas de ocupados en las que tradicionalmente se concentran los trabajadores que perciben el SMI han crecido en mucho menor porcentaje".
Pues bien, "los ocupados en la agricultura han descendido un 4,7% y han pasado de suponer un 5% del empleo total a ser solo el 4,5%. Los ocupados en la hostelería han descendido un 3,9% y han pasado de suponer un 10,5% del total de ocupados a ser solo el 9,5%. Los empleadores y por tanto los trabajadores del servicio doméstico han descendido un 14% y han pasado de suponer un 3,9 por 100 del total de ocupados a ser solo el 3,1 por 100. Los ocupados en el comercio minorista han descendido un 4,5% y han pasado de suponer un 13,9% del total de ocupados a ser solo el 12,5%".
Lo cierto es que la tendencia ha cambiado en esas áreas laborales. Antes, estos sectores aportaban un mayor crecimiento de la ocupación y ahora su crecimiento es muchísimo menor que la media del país. Han pasado de aportar el 33,3% del total del empleo a suponer el 29,6%.
El estudio concluye que "todos los grupos de menor crecimiento y con concentración de personas que reciben SMI suman 5.110.900 ocupados. Si "ceteris paribus", el empleo de toda esta población hubiese crecido al mismo porcentaje de lo que lo ha hecho, ya no el resto de las ocupaciones, sino la media, en 2022 la cifra de la suma de todos estos ocupados sería 5.432.887 ocupados. Por tanto, podríamos decir que hasta 2022 se han dejado de crear 321.987 puestos de trabajo".
En conclusión, "las sucesivas alzas del SMI que se han producido en España desde 2018 no han tenido impacto positivo alguno sobre el empleo. Al contrario se han traducido en una severa reducción del número de puestos de trabajo que se hubiesen creado en ausencia de ellas", sentencia el estudio.