Llega el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Se trata de una ley impulsada por el Gobierno del PSOE para pretender forzar a las comunidades que no colaboran con su ansia ecologista a obligar a imponer la bici como medio de transporte. Pero, además, se trata de la última bomba de humo para intentar despistar el debate de lo obvio: el escándalo de corrupción del PSOE con las mascarillas en pleno covid.
La norma pretende tener rango de ley. Y recoge, por ejemplo, "las medidas para fomentar una movilidad sostenible. Concretamente integra un conjunto de preceptos, instrumentos, procedimientos e iniciativas sobre movilidad sostenible que complementan la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, con el objetivo de favorecer la transición de la oferta del sistema de transportes hacia modos, medios, servicios y pautas de movilidad más eficaces, energéticamente eficientes, seguros, accesibles, asequibles, equitativos y con menos emisiones".
Traducido: impedir el uso de coches, motos o camiones con motor de combustión y llevar a la gente al transporte público o en bici.
Y la nueva ley pretende imponerse en las comunidades o ayuntamientos que no han entrado en el radicalismo ecologista: "Para lograr estos objetivos, la transición debe realizarse mediante una integración tanto vertical en todos los niveles de las administraciones públicas, como horizontal entre territorios, modos de transporte, sectores de actividad conexos y la ciudadanía, y de esta manera también se contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y del resto de Acuerdos internacionales como la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas o el Acuerdo de París, contribuyendo al desarrollo de asentamientos urbanos sostenibles e inclusivos, a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización a largo plazo", asegura el texto de la norma.
Esta recoge un "Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), como marco esencial de orientaciones para la planificación sostenible de la movilidad por parte de todas las administraciones públicas, así como los documentos complementarios del DOMOS".
El DOMOS incluye las directrices generales para la movilidad sostenible, especificando las aplicables a las zonas urbanas y metropolitanas y "a las zonas rurales o de baja densidad de población y un sistema de indicadores como mecanismo de información sobre el estado del transporte y la movilidad, así como para la evaluación de las políticas implantadas". Y es que también en los pueblos o zonas de campo se pretende que vaya todo el mundo en bici.
"Asimismo, se establece la necesidad de fomentar medidas que favorezcan la concienciación y sensibilización y de incluir la movilidad sostenible en el sistema educativo así como en las acciones formativas vinculadas al Sistema de Formación Profesional, pues el acceso a una información pública fiable y relevante, la comunicación regular y persuasiva, así como la formación en nuevos conocimientos y habilidades, son elementos básicos para la participación de la sociedad en el análisis y definición de las políticas públicas en materia de movilidad sostenible, así como para el respaldo de su adopción y evaluación", añade el texto de la pretendida norma.
Y se fomentará "el diseño e implementación de itinerarios urbanos seguros a los centros escolares que garantice la autonomía de movimiento de la infancia, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU de 1989".
Movilidad activa
Un término surge con fuerza en el texto de la ley: "La movilidad activa". Y ahí cobra fuerza la bicicleta. Porque "no debe olvidarse que, en un sistema descarbonizado y eficiente, el papel de la bicicleta o ciclo se presenta como una opción de transporte absolutamente sostenible, cuya utilización, en general, redunda en la mejora de la salud de las personas y genera confianza, siempre que se establezcan condiciones y medidas que permitan su uso de forma segura".
Por ello, "la disposición adicional octava se centra en el impulso decidido a la movilidad activa y en concreto en el papel de la bicicleta o ciclo, en el sistema de transportes, a través de la creación de un Plan nacional de impulso al uso de la bicicleta, que fomente y coordine las diferentes políticas y acciones en torno a este modo de transporte considerando no solo su uso recreativo y deportivo, su importancia para el fomento del cicloturismo o sus beneficios para la salud, sino entendiéndolo como un elemento esencial de la movilidad cotidiana, y teniendo en cuenta su contribución a la cadena de valor y el consiguiente impulso al desarrollo empresarial del sector", afirma el texto.