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Tras el destrozo del campo, Sánchez quiere ahora atornillar a la pesca: nueva ley de "control e inspección pesquera"

La traducción para los pescadores y consumidores será una reducción de las capturas y una subida del precio del pescado.

La traducción para los pescadores y consumidores será una reducción de las capturas y una subida del precio del pescado.
EUROPA PRESS

"Anteproyecto de Ley de modernización del control y la inspección y lucha contra la pesca ilegal". Se trata de la iniciativa aprobada en primera lectura por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2022 pero que no pasó el corte definitivo en el Parlamento. Se trataba de una ley pensada para apretar las tuercas ecologistas a la pesca. Las elecciones en Galicia han pasado y ahora el PSOE ha decidido rescatar este anteproyecto para elevar el control 2030 de este campo alimentario.

"Este proyecto venía a completar a la posterior Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera y tenía como objetivo revisar y modernizar los sistemas de control e inspección como garantía del cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC)", señala ahora el PSOE. Asimismo, "buscaba reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como flexibilizar y modernizar el régimen de infracciones y sanciones en materia pesquera, garantizando el principio de proporcionalidad del régimen sancionador", añade el Partido de Pedro Sánchez.

Según el PSOE, hay que rescatar la tramitación del anteproyecto porque un nuevo reglamento europeo exige cambios. Y añaden que "el 4 de abril de 2023, durante la presentación de la entrega a la Guardia Civil de la última patrullera de nueva construcción, los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, volvieron a subrayar el compromiso del Gobierno de España con las labores de inspección pesquera".

Es cierto que en la presentación de la patrullera Río Luna, el ministro Luis Planas, reivindicó "el liderazgo mundial de nuestro país en la consolidación de la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada". También manifestó que "la renovación y modernización de la flota de inspección pesquera estaba incluida en el Plan de Impulso a la Sostenibilidad, Investigación, Innovación y Digitalización del Sector Pesquero enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Y, concluye el PSOE que, por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista insta ahora al Gobierno de España a impulsar la tramitación de una nueva ley que adecúe la normativa española a las modificaciones introducidas por la normativa europea para el control y la inspección de la actividad pesquera.

Lo cierto es que si la reforma que se plantea fuese exclusivamente para adaptarse a una norma imperativa de la UE no haría falta que el PSOE instara nada: es de obligado cumplimiento y punto. Por lo tanto, la reforma parece abocada a una ampliación discrecional de los controles en la pesca bajo el pretexto del reglamento europeo.

Lo cierto es que el impulso español va en la línea del europeo. Y destinado a superarlo. Hay que recordar que la UE no quiere que la pesca se libre de la Agenda 2030. Según Bruselas no es ecológica y debe restringirse. Y, en esa línea, la Comisión Europea ha adoptado ya su "propuesta de posibilidades de pesca para 2024 para el Mediterráneo y el Mar Negro". La propuesta "promueve la gestión sostenible de las poblaciones de peces en el Mediterráneo y el Mar Negro y cumple con los compromisos políticos asumidos en las Declaraciones de MedFish4Ever y Sofía".

La traducción para los pescadores y consumidores será una reducción de las capturas y una subida del precio del pescado.

En esta línea, la Comisión ha propuesto "utilizar las mismas herramientas que se introdujeron en las oportunidades de pesca de 2022 y 2023, sobre la base de los últimos consejos científicos disponibles". Estas herramientas incluyen "el esfuerzo de pesca para los arrastreros y los palangreros, así como los límites de captura para los camarones de aguas profundas".

Se trata de medidas que se establecieron en el marco del plan de gestión plurianual del Mediterráneo Occidental (MAP) para las poblaciones demersales, "con el objetivo de alcanzar a más tardar el 1 de enero de 2025 el rendimiento máximo sostenible (MSY), es decir, la cantidad máxima de pescado que los pescadores pueden sacar del mar sin comprometer la regeneración y la productividad futura de la población". Y ello supone una reducción de la pesca.

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